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En una intensa jornada de discusión sobre la gratuidad en educación superior, que incluyó un áspero debate en la Cámara de Diputados y una marcha organizada por la Confech al finalizar la jornada, diversos actores sociales de la educación manifestaron la necesidad de que el Gobierno trascienda la discusión meramente económica sobre el modelo y aborde los temas de fondo que aquejan al sistema educacional chileno.

Esta mañana, un grupo de rectores, agrupados en el Consorcio de Universidades del Estado (CUECh), entregaron una carta a la Presidenta Bachelet en el Palacio de La Moneda en la cual le piden que se realice “una transformación profunda” de la educación pública, la cual consideran que “es necesaria, y queremos contribuir a fortalecerla y darle contenido”.

Además, criticaron que “el modelo actual ha resultado ser tan costoso e ineficiente que durante estos últimos años, el Estado ha tenido que traspasar cuantiosos recursos para subsanar los problemas ocasionados por la revocación del reconocimiento a algunas universidades”, e hicieron énfasis en que “la refundación de un sistema de Educación Superior Estatal, permitiría al Estado cumplir un rol activo en la fijación de estándares de calidad, transparencia y rendición de cuentas, aplicables a todas las instituciones de Educación Superior no estatales”.

El rector de la Universidad de Antofagasta, Luis Loyola –uno de los firmantes de la misiva-, manifestó su preocupación y aprensiones sobre el futuro del proyecto de Ley General de Educación Superior que debe ser ingresada al Parlamento a fines de diciembre, y en la cual aspira a que se explicite “la real responsabilidad del Estado con sus universidades”, y que no ocurra como se planteó en un primer momento, “que universidades del Estado hayan podido quedar fuera de la gratuidad”.

“Lo importante es que el rol del Estado con sus universidades tiene que ser fortalecido. Y efectivamente es una preocupación de que haya un sistema estatal de educación superior, que se ha planteado en más de una vez, se traduzca realmente en el proyecto. Son elementos que son importantes”.

El rector de la Universidad de Antofagasta hizo un llamado al Gobierno a “esperar un poco”, y no “presentar algo muy apresurado”, en relación con el proyecto de Ley General de Educación Superior, y que se escuche a los distintos actores para generar “una reforma sustancial” en esta materia y que las universidades del Estado sean un referente en esta materia.

En tanto, la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh), Camila Rojas, coincidió con el rector Loyola sobre la preocupación que le genera lo que pueda suceder en la discusión a futuro de la Ley General de Educación Superior ya que, a su juicio el proceso de discusión de la gratuidad “ha sido bastante confuso”, dejando en evidencia la “incapacidad del Gobierno de sacar la reforma adelante”, lo que según la dirigente no es un buen presagio para la discusión que comenzaría el próximo año, y agregó que si el proyecto de ley es similar a lo que se les ha planteado hasta ahora, “no tiene ningún sentido ingresarla al Parlamento, creemos que es un error y que por lo mismo es necesario, primero, que se converse con los actores sociales respecto de la reforma misma, y luego de ello ingrese al Parlamento”.

Camila Rojas, además criticó que la discusión sólo se esté dando en términos de recursos financieros y no se ataquen los temas de fondo: “Acá la idea es poder dar una discusión de fondo, y discutir una nueva educación pública. Nosotros hemos retomado estas banderas que tienen que ver con la gratuidad, que tienen que ver con la calidad, pero no nos sirve que la gratuidad se venga a dar con una ley corta que no viene a hacer transformación alguna al sistema”.

Cámara de Diputados aprueba ley corta de gratuidad

La Sala de la Cámara de Diputados aprobó, sin los votos de la derecha, la ley corta con que el Gobierno espera destrabar el financiamiento de la gratuidad en educación superior.

La jornada se extendió varias horas más de lo presupuestado debido a que el Gobierno olvidó incluir a las universidades que son fundaciones y, por lo tanto, no tienen controladores, como es el caso de la Universidad de Concepción, la Universidad Técnica Federico Santa María, las distintas universidades católicas y la Universidad Austral, entre otras instituciones.

La incorporación de dichas entidades obligó a una sesión de urgencia de la Comisión de Hacienda de la Cámara, que debió pronunciarse nuevamente sobre la aceptabilidad de la moción.

El rector de la Universidad de Concepción, Sergio Lavanchy se refirió a la situación como una desprolijidad muy grande, al tiempo que el diputado liberal Vlado Mirosevic indicó que “es una vergüenza” que se legisle apurado el financiamiento de la educación superior, sólo por una ansiedad electoral de la Nueva Mayoría.

Además, el presidente de la Comisión de Hacienda, Pepe Auth, señaló que fue notificado por el bloque de derecha del cambio de su posición en cuanto a no presentar nuevos recursos ante el Tribunal Constitucional.

Además, durante la sesión de la Comisión de Hacienda, el ministro Rodrigo Valdés dio a conocer una indicación que precisa el beneficio que se le otorgará a los CFT e IP, creando la beca Milenio 3 para alumnos de dichas instituciones, propuesta que no ha contado con el respaldo de los parlamentarios de oposición.

En este sentido, El diputado Jaime Bellolio indicó en la sala, que haciendo un pequeño esfuerzo adicional podría eliminarse el copago para los estudiantes de los Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales.

“Es posible llegar a la sensatez, es posible que haya estudiantes que tengan su gratuidad en los CFT y en los IP a través de una beca. Es posible decir que se va a tratar igual a los estudiantes de los CFT, IP y universidades”.

Por su parte, la diputada Camila Vallejo señaló que la derecha tendrá que asumir la responsabilidad política de la reducción del alcance de la glosa de gratuidad, que luego de la ley corta beneficiará a menos estudiantes de los que estaban considerados.

“La derecha obligó a negociar al Gobierno con la pistola en el pecho, pero les salió el tiro por la culata, y eso es lo que sucedió después del fallo del Tribunal Constitucional, y por qué digo esto, porque como decía el diputado (Manuel) Monsalve la verdad es que pasamos de 208 mil estudiantes que iban a tener el derecho de gratuidad a 178 mil, treinta mil menos, y son justamente los Centros de Formación Técnica, sus estudiantes vulnerables los que ya no van a ser beneficiarios de esta gratuidad”.

Esta situación motivó el cuestionamiento de los rectores de Centro de Formación Técnica e Institutos Profesionales a esta ley corta, ya que consideran que es más discriminatoria que la glosa de gratuidad” (…) “La educación técnico profesional queda muy mal parada con esta sacada de piso”, aseguró el rector del DUOC Ricardo Paredes.

Mientras que el rector del Inacap, Gonzalo Vargas, sostuvo que el Estado debería considerar sólo dos variables para entregar el beneficio de la gratuidad: la vulnerabilidad de los estudiantes y la acreditación de la institución. Y aseguró que se está financiando a las universidades a costa de los CFT e IP, por lo que “se sigue trasgrediendo el fallo del Tribunal Constitucional”.

Chile Vamos no descarta recurrir nuevamente al TC por ley corta de gratuidad

Desde la coalición opositora Chile Vamos no dudaron en condicionar su apoyo a la iniciativa enviada por el Gobierno a cambio de “un esfuerzo mayor”.

El objetivo del conglomerado opositor, que agrupa a la UDI, RN, Evopoli y el PRI, insiste en la necesidad de incorporar a los institutos profesionales y centros de formación técnica a los beneficios de la gratuidad para la educación superior, que comenzaría a implementarse en 2016.

Según el diputado de Evópoli Felipe Kast, aludiendo a los argumentos del Tribunal Constitucional, el titular del derecho a la educación es el estudiante, por lo que a todos se les deben aplicar las mismas normas para acceder a la gratuidad.

Por ello, invitó al Ejecutivo para que deje la discriminación contra los institutos profesionales y centros de formación técnica, cuestionando que en lugar de comenzar la gratuidad con estos, finalmente se les entrega una beca que es sustancialmente menor.

¿Por qué insistir en las becas, así como en una cerrada defensa de los estudiantes vulnerables de aquellas instituciones, para que accedan a las mismas condiciones de las universidades estatales?

El diputado UDI Jaime Bellolio manifestó que la propuesta presentada por el Gobierno no es la de la oposición, insistiendo en que es el Ejecutivo el que ha discriminado y excluido.

Asimismo, exigió al Gobierno mejorar sustancialmente su propuesta y que los estudiantes de institutos profesionales y centros de formación técnica no queden fuera de la gratuidad.

“Nos obligaron a acelerarnos en un proyecto que se ingresa, que nosotros no vimos antes, del que no tuvimos conocimiento, sino hasta que el Gobierno lo ingresó al Congreso. Tampoco tuvimos tiempo para ver el fallo mismo, por lo que asumo mi propia autocrítica de no haber tenido el tiempo específico de haber leído el fallo y al mismo tiempo de haber visto ese proyecto de ley que fue ingresado minutos después de que el fallo fue dado a conocer ante la opinión pública”, reconoció el parlamentario gremialista.

El propio Bellolio advirtió que no tienen ninguna obsesión con el Tribunal Constitucional, aunque no descartó la posibilidad de recurrir a él nuevamente, en caso de ser necesario, insistiendo en que todo depende del Gobierno.

Todo esto, basado en lo que desde Chile Vamos consideran una discriminación arbitraria hacia los alumnos de educación superior técnica, cuyos beneficios solo se traducirían en un aumento del monto de las becas.

En el caso de la Beca Nueva Milenio 1, pasaría de 800 mil a 850 mil pesos, mientras que la Beca Nueva Milenio 2 se incrementaría de 700 mil a 850 mil pesos.

Este miércoles el Senado votará la ley corta de gratuidad luego que la Comisión de Hacienda diera el visto bueno a la iniciativa para ser analizada por la Sala.