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El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) denunció hoy que la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Jacqueline van Rysselberghe, “está boicoteando principios fundamentales de la Ley de Identidad de Género” que tramita el Congreso Nacional.

En una sesión de la Comisión de DDHH, Van Rysselberghe “insistió ayer en que la Ley de Identidad de Género debe impedir a los menores de 18 años y a las personas casadas cambiar su nombre y sexo legal, lo que en la práctica implica generar más restricciones actuales a este tipo de trámite”, denunció el Movilh.

“La senadora Van Rysselberghe pasa por alto el interés superior del niño, lo que evidencia hasta donde llega su desprecio extremo a la diversidad sexual. Ningún niño y niña merece pasar por el vejamen diario ser llamado con un  nombre  e identificado con un sexo que daña su dignidad. Esperamos que la  senadora recapacite”, dijo el Movilh.

El organismo añadió que “el Gobierno felizmente ya escuchó nuestro parecer y ha presentado indicaciones que permiten a los menores de edad cambiar su nombre y sexo legal con autorización de sus padres.  De Igual manera el Ejecutivo apoya nuestra propuesta para permitir igual trámite a las personas casadas”.

La activista trans del Movilh, Paula Dinamarca, indicó que “el rechazo de Van Rysselberghe a que personas casadas cambien su nombre y sexo legal, se debe a su miedo infundado al matrimonio igualitario. En su cabeza, si una persona cambia su sexo legal se abriría la puerta al matrimonio entre personas del mismo sexo. Lo que ella no entiende es que la identidad de género, no tiene relación alguna con la orientación sexual”

Añadió que “es muy necesario que Van Rysselberghe se eduque sobre estas materias, pues si sigue confundiendo homosexualidad con transexualidad, es claro que no tiene ninguna competencia para discutir los alcances de una ley de identidad de género”.

El mes pasado el gobierno presentó variadas indicaciones a la Ley de Género, luego de que el Movilh denunciara que el proyecto de ley tramitado por el Congreso Nacional era “completamente deficiente”.