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Llama poderosamente la atención el interés de algunos sectores por reestablecer el voto obligatorio. Probablemente, y a la luz del desencanto y desconfianza ciudadana hacia la actividad política, pareciera mucho más sencillo recurrir a aspectos normativos que regulen el comportamiento cívico de los ciudadanos (mas no así el de quienes ejercen el poder) en desmedro de realizar el ejercicio de convocar y orientar los esfuerzos hacia un trabajo que se ocupe por reencantar al electorado considerando los comicios venideros durante 2016 y 2017. Pareciera que la demanda por el retorno del voto obligatorio fuera una medida de anticipar una eventual debacle eleccionaria superior incluso a lo ocurrido durante 2013, pero sólo eso: de mejores prácticas, probidad y otros aspectos necesarios para el ejercicio del poder mejor ni hablar.  

Y es que el voto voluntario significa alejarse del paternalismo democrático. Lo anterior no significa que con esto no haya una virtud valiosa, casi romántica, que implica participar de la vida pública votando. Pueden existir, incluso, deberes cívicos y morales para hacerlo. Pero lo que no puede haber es un deber jurídico de votar considerando que éste hace mutar el carácter del voto como derecho, transformándolo en un deber. Esto, además de contrariar el origen histórico liberal del derecho a voto, arriesga peligrosas consecuencias político-constitucionales que se resumen en la siguiente afirmación: Si es un deber, el poder del gobernante aumenta enormemente sobre los ciudadanos. En cambio, si es un derecho, no. Esto último considera que el gobernante, o en este caso la figura presidencial, tendría una capacidad de maniobra mucho más limitada y estaría necesariamente supeditado a actuar en conciencia, de cara a sus ciudadanos, promoviendo la justicia y orientando su trabajo en base a intereses colectivos por sobre sus fines particulares.

El voto voluntario refleja, en la forma más nítida, el carácter del voto como un derecho asignando correctamente los incentivos en el juego de la política. Éste es el origen histórico del sufragio y la razón por la cual es tan valioso para los liberales convirtiéndose en una herramienta frente al poder políticamente organizado. En concreto, si un gobierno goza de buena salud es muy probable que el elector, ejerciendo su derecho, lo reconozca con su voto a través de una reelección o la mantención de la coalición de turno en el poder. Por el contrario, si un gobierno no es saludable y ha generado una suerte de metástasis negativa en las vidas de sus ciudadanos es probable que los votantes legitimen la alternancia en el poder buscando más y mejores oportunidades para su bienestar posibilitando la competencia de diversos actores que deberán tener presente que sus promesas, compromisos y todo aquello que manifiesten durante sus períodos de campaña deberá ser cumplido a cabalidad y sin improvisaciones porque serán los ciudadanos quienes, en caso de incumplimiento a los compromisos o expectativas, tendrán la posibilidad de rotar el poder. Si el voto es voluntario, los candidatos tienen mayores incentivos para tratar de seducir, cautivar y motivar a los ciudadanos generando más competencia y participación.

Por esta, entre otras razones, el voto debe mantenerse como un derecho jurídico, dado que ésta es la última garantía que tienen los individuos frente al poder que ejercen los gobiernos y coaliciones al administrar el Estado en consideración a que los derechos siempre tienen un núcleo incombustible e intangible ante el cual el aparato estatal debe detenerse. En cambio, y tal como añoran algunos sectores, si el voto se define como un deber jurídico (obligatoriedad) ese núcleo desaparece. A diferencia de los derechos, los deberes pertenecen por completo al Estado, el que puede agravarlos y manipularlos con bastante discrecionalidad. Por esto, y siendo fieles al origen e historia liberal del voto, debemos concebirlo como un derecho. Y como todo derecho, su ejercicio debe ser voluntario.

Rodrigo Durán Guzmán

Magíster © Comunicación Internacional. UDP