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No hay duda de que América Latina ha vivido un pasado reciente de dictaduras y conflictos armados internos durante el cual se cometieron espantosas violaciones de los derechos humanos. El Salvador, donde estuvo una misión de Amnistía Internacional, no es una excepción.  

Si bien, como en muchos otros países de la región, todavía existen tremendas deudas pendientes con las víctimas de ese periodo, se ha logrado la paz en El Salvador y el país ha firmado numerosos tratados de derechos humanos que prometen proteger los derechos de sus ciudadanas y ciudadanos.

Sin embargo, todo los pasos por lograr la paz, y estos documentos firmados, pareciera que fueran a costa del silencio de las mujeres. Estos sin duda, no han ayudado a María Teresa, una mujer que representa las muchas caras de la injusticia en el país. Ha sido condenada a 40 años de prisión como consecuencia de la violencia institucional y la prohibición total del aborto. María Teresa tuvo un aborto espontáneo, cuando ella ni siquiera sabía que estaba embarazada. Ella es una víctima de la profunda discriminación y criminalización de las mujeres en un contexto que limita sus decisiones reproductivas. María Teresa hoy se encuentra en la cárcel de Ilopango, donde ha estado recluida por más de tres años, y donde no se escapa de los estigmas y las humillaciones.

El caso de María Teresa es una historia que, sin duda, es injusta y muy triste. Pero este relato no es único ni aislado. Cada día, las mujeres y niñas de El Salvador están sufriendo, gracias a una ley represiva y desfasada, la prohibición total de aborto.

La draconiana ley en el país ha tenido como consecuencia la muerte de cientos de mujeres y niñas que se someten a abortos clandestinos cada año. La criminalización de esta práctica también ha provocado que aquéllas de quienes se sospecha que se han sometido a un aborto se enfrenten a largas penas de cárcel, como María Teresa.

Esta ley era la razón por la que Amnistía Internacional estuvo en El Salvador la semana pasada. El 25 de septiembre la organización lanzó el nuevo informe titulado “Al borde de la muerte: La violencia contra las mujeres y la prohibición del aborto en El Salvador.” El informe aborda las enormes barreras culturales e institucionales que afrontan las mujeres y las niñas para ejercer sus derechos humanos, particularmente las que dificultan el pleno ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos.

El Salvador tiene una de las leyes más restrictivas de aborto en el mundo. Las mujeres y las niñas no pueden acceder a él, incluso si llevar adelante su embarazo las mata o les puede crear una incapacidad de por vida. Ellas no pueden obtener un aborto, incluso si es una niña de nueve años que ha quedado embarazada como resultado de una violación. Estos no son ejemplos abstractos, durante años Amnistía Internacional ha documentado muchos casos en circunstancias similares.

Lamentablemente, las violaciones de derechos humanos de mujeres y niñas son extremas en El Salvador y, peor aún, estas vulneraciones no son únicas en nuestra región.

América Latina y el Caribe van en contradicción con el resto del mundo en relación a legislación sobre el derecho al aborto. Entre 1996 y 2013, el porcentaje de países que han despenalizado el aborto por alguna causal ha ido incrementándose gradualmente. En el mismo periodo solo ocho países lo han restringido, tres de los cuales están en nuestra región. El 98% de los países del mundo permiten el aborto por lo menos cuando la vida de la mujer está en riesgo y dos tercios lo permiten cuando la salud física o mental de la mujer está en peligro. Sin embargo, siete de los nueve países que criminalizan el aborto sin excepciones expresas están en América.

Uno de estos países es Chile. Afortunadamente, acá se ha anunciado que se va a revisar esta situación. En su programa de gobierno la Presidenta Michelle Bachelet se ha comprometido expresamente a promover la despenalización del aborto en casos de peligro para la vida de la mujer, violación o inviabilidad del feto. Por ello, Amnistía Internacional presentó recientemente el documento "El aborto y los derechos sexuales y reproductivos. Fundamentos de los derechos humanos", buscando contribuir al debate en Chile desde nuestra mirada. El Salvador, así como Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Suriname y Haití deberían seguir este ejemplo.

Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha establecido una clara correlación entre la penalización del aborto y la muerte de mujeres por esta causa. La razón de muerte materna es tres veces más alta en países con leyes restrictivas de aborto. 

Amnistía Internacional ha pedido al gobierno de El Salvador, y particularmente al Presidente Sánchez Cerén, derogar las leyes que penalizan el aborto y garantizar que las mujeres y las niñas tengan acceso a servicios de aborto, por lo menos, en los casos en que el embarazo supone un riesgo para la vida o la salud física o mental, donde hay malformación fetal grave, y en casos de violación o incesto. También ha pedido al gobierno de Chile que cumpla con el anuncio y se inicie prontamente el debate legislativo en este sentido.

Es la misma demanda de justicia e igualdad que reiteramos con ocasión del 28 de septiembre de 2014, día mundial de la despenalización del aborto, a todos los Estados de la región. Es precisamente en 2014 que se cumplen 20 años de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, y al revisar los avances en la región, los gobiernos se comprometieron a “modificar las leyes sobre la interrupción voluntaria del embarazo para salvaguardar la vida y la salud de mujeres y adolescentes, mejorando su calidad de vida y disminuyendo el número de abortos”. En el 2014 también se cumplen 20 años de la entrada en vigor de la Convención de Belém do Para, donde los Estados se comprometieron a garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Despenalizar el aborto es un compromiso con el derecho a la vida, a la igualdad y un imperativo de derechos humanos. El momento es ahora.