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Durante un par de meses llegamos a pensar que la política estaba dignificándose en la discusión de la Reforma Educacional y otras propuestas de cambio. Quisimos aceptar, incluso, que los dirigentes de la Derecha tenían el ánimo efectivo de mejorar las iniciativas de cambio del oficialismo, entendiendo que las demandas sociales eran inevitables según los resultados de las últimas elecciones presidenciales y parlamentarias, pese a la enorme abstención registrada. En poco tiempo, sin embargo, lo que surgió fue una contundente y efectiva “campaña del terror” desarrollada por la Oposición, las entidades patronales y los más poderosos medios de comunicación, que explica la forma en que el Ejecutivo terminó cediendo en favor de una reforma tributaria muy discreta, después de los conciliábulos cupulares que siguieron en el Senado para consensuar su propuesta con la Oposición. Desestimando que ésta ya había sido aprobada por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y el conjunto de la Nueva Mayoría , además de otros legisladores que habían consentido en apoyarla sin mayores reparos.

La propia Reforma de la Educación que partiera con un inmenso ímpetu y que llevara al ministro Eyzaguirre a asumir un discurso desafiante hacia sus objetores, hoy tiene desdibujado sus perfiles y lo que más prima es la incertidumbre respecto de sus distintas aristas y plazos. El objetivo de una educación pública y de calidad ha sido interceptado por los temores y bravatas provenientes de la educación particular pagada o subvencionada. Por la entrada en escena de la jerarquía eclesiástica y de otros referentes que, finalmente, nunca van a estar de acuerdo con que el Estado favorezca el financiamiento de los establecimientos fiscales y les recorte los recursos que hoy les otorga prácticamente sin condiciones. Esto es, sin exigirle mucho respecto de sus estándares de calidad, falta de pluralismo y abusivas prácticas de discriminación social.

Públicamente,  la Ministra de Salud  aclara en entrevistas que el Gobierno no se propone un cambio radical en el sistema de isapres y le tira un balde de agua fría a su subalterna, la directora del Fonasa, empeñada en consolidar recursos hacia la salud pública y sus hospitales hasta ahora tan a la zaga de los servicios privados que cobran y lucran por atender pacientes.

De esta forma, aunque las autoridades reiteran que vienen importantes cambios en materia laboral, la verdad es que aún no se define en qué podría afincarse esta reforma, más allá de que obviamente se propondría fomentar la sindicalización e instituir el derecho a la negociación colectiva. No sería extraño en esta materia que la misma campaña del terror condujera al Gobierno a consentir cambios menores en la relación de trabajadores y empleadores, en las políticas salariales, el derecho de huelga y otros. No hay duda que ya arrecian los que quieren postergar cualquier cambio en esta materia, advirtiendo que esta reforma constituiría un contrasentido en la necesidad de superar la llamada “desaceleración”. Palabra mágica que se ha convertido en el principal freno que los refractarios al cambio buscan oponerle a las demandas sociales.

En cambio, entre más sólidos y serios economistas y expertos lo que predomina es la idea de que estamos en  el mejor momento para procurar políticas redistributivas, impulsar una reforma del Estado y tomar decisiones importantes para frenar la usura de los bancos, las administradoras de fondos de pensiones y de la salud privada. Así como la oportunidad propicia para restringir los ingentes gastos en Defensa e imponerle a las grandes empresas mineras un royalty justo por lo que se llevan al exterior sin “valor agregado”, cuanto agotando aceleradamente nuestras reservas no renovables.  Pocos países de la Tierra están hoy en condiciones de invertir millonarios recursos para capitalizar a su principal empresa del Estado y emprender un vasto plan de inversiones para estimular el consumo, fomentar el empleo y emprender enormes obras de infraestructura destinadas a darle mayor conectividad a nuestras regiones, expandir nuestra matriz energética y potenciar otras exportaciones más allá de las simples materias primas.

Lo más lamentable de todo es la flaqueza de algunos referentes del oficialismo frente a los cantos de sirena de las cúpulas patronales y que tuvo como muestra la bochornosa intervención del expresidente Lagos en la Enade para criticar al Gobierno y arrancar aplausos de la clase empresarial más conspicua. Tal como se expresan, más en privado, los temores al interior de la Nueva Mayoría ante la posibilidad de que sus partidos y candidatos pudieran perder las contribuciones de las grandes empresas al financiamiento de sus campañas electorales. Cuando se sabe que en la última contienda presidencial la más favorecida por estas erogaciones fue la propia candidata Bachelet y no los diversos postulantes de la Derecha.

No cabe duda del éxito obtenido por el “terrorismo económico” tan bien concebido, coordinado y lubricado por las dos principales  instancias empresariales, sus poderosos medios de comunicación y sus bancadas afines y transversales del Congreso Nacional. De otra forma, en los últimos sondeos no se expresaría con tanta claridad cómo la Presidenta y su gobierno disminuyen aceleradamente apoyo y credibilidad en los sectores medios y pobres. Mientras que en los segmentos ABC 1 ganan respaldo y disminuyen temor. Lo que demuestra que la más vociferante oposición al Gobierno es puramente “de la boca para afuera” , seguros de que los actuales moradores de La Moneda son los mismos que en veinticinco años empezaron a sacralizar, con reformas cosméticas, el modelo autocrático y neoliberal de la Dictadura.

Quizás sea la definición de cómo encarar la promesa de una nueva Constitución donde la Jefa de Estado muestre realmente sus cartas. Cuando tenga que optar por una Carta Fundamental que surja de una asamblea constituyente o por la que pueda negociarse con la derecha en el Poder Legislativo. Donde sabemos que siguen en estrecha connivencia los parlamentarios resultantes del desacreditado sistema electoral binominal.