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Acabo de leer un interesante artículo de Paul Walder que nos estrega valiosos datos respecto de la cantidad de chilenos que se encuentran en situación de indigencia, pobreza y vulnerabilidad, esto es en esa amplia zona que están los que podrían regresar a un estado de precariedad.

Según los informes de la propia encuesta Casen y los diagnósticos de economistas o instituciones tan respetables, como laFundación para la Superación de la Pobreza, al menos un “45 por ciento de la población vive afectada por la inseguridad económica y la incertidumbre”, lindante con ese 15 por ciento de habitantes que se reconoce como pobres o muy pobres. Pero, más que cifras, el sentido común nos hace percibir una brutal inequidad entre los pocos que ganan mucho y esa inmensa mayoría que vive o sobrevive endeudada y frustrada. Y que tan tardíamente son reconocidos por los grandes medios de comunicación cuando están obligados a cubrir los terremotos, los incendios y tantos desastres como los acontecidos recientemente.

En el discurso político ciertamente se reconoce esta situación de injusticia social y de inequidad que contrasta con los 20 mil dólares de ingreso per cápita con los que se ufana nuestra macroeconomía, y que habla más de la injusticia reinante que del bienestar general. Sin embargo, en el nuevo gobierno de Michelle Bachelet no se divisan medidas efectivas y urgentes destinadas a redistribuir el ingreso y mejorar los salarios de los trabajadores, que no sean más que los bonos de marzo, de invierno y otros que se entregan a los más desvalidos y respecto de los cuales nadie se atreve a asignar como una solución real y permanente que signifique siquiera algo más que un aguinaldo navideño o de Fiestas Patrias.

Junto con celebrar el ímpetu que la actual administración le está dando a las reformas políticas, después de 24 años de gobiernos que en la práctica sacralizaron la Constitución y el sistema electoral binominal, nada indica que estas reformas puedan afectar necesariamente el sistema económico heredado de la Dictadura. Salvo la alusión del Presidente del PPD de aplicar una retroexcavadora al modelo socioeconómico, desde el oficialismo no se asocia la posibilidad de que tales enmiendas políticas puedan consecuentemente conducirnos a superar el neoliberalismo imperante, y del que se deriva nuestra condición de ser una de las naciones más desiguales del Planeta. Incluso esta advertencia retórica fue criticada de provocadora, extrema y “pasada de revoluciones” por sus propios aliados de La Moneda o el Parlamento.

Se dice que la reforma tributaria se propone combatir la inequidad, pero lo cierto es que esta nueva asignación de impuestos prácticamente en nada se propone disminuir los elevados tributos que paga la población pobre y los sectores medios que, con el IVA, aportan más al fisco que los tributos a las utilidades de las grandes empresas. Sería un abuso suponer que esta reforma se proponga algo más que financiar el costo de la reforma educacional, que estos recursos alcancen siquiera para encarar los primeros cambios que reclama nuestro sistema de salud, donde la brecha entre pobres y ricos se hace todavía más ostensible e inmoral.

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