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Trece proyectos económicos quedaron pendientes en la administración de Sebastián Piñera, según reveló un estudio elaborado por Libertad y Desarrollo (LyD). De ellos, las iniciativas laborales son las que suman un mayor porcentaje.

Proyectos de ley que crean un estatuto laboral para jóvenes que se encuentren estudiando en la educación superior, que modifican las normas de los trabajadores agrícolas establecidas en el Código del Trabajo, que modifican el seguro de cesantía, que establecen el marco para los residuos y responsabilidad extendida del productor y que crean el Consejo de Estabilidad Financiera, son algunos ejemplos de iniciativas que se mantienen en primer trámite constitucional en el Senado y la Cámara de Diputados, con casi nula posibilidad de aprobación durante la semana legislativa restante.

Desde la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) son claros. Ellos no han apoyado los proyectos enviados por el Ejecutivo en materia laboral, porque no están mirados con un énfasis en el mayor resguardo de los trabajadores, tanto en lo que respecta a organización como a los derechos laborales.

Para la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, las iniciativas no vieron la luz porque no fueron discutidas con las organizaciones.

“El tema del estatuto del temporero es tremendamente importante y significativo, los trabajadores de la construcción, los trabajadores de la pesca. Estamos hablando de más de un millón y medio de trabajadores que hoy no tienen regulación para poder negociar”, afirmó la presidenta de la multisindical.

Además, explicó que “tal como está planteado el proyecto del Gobierno, nosotros fuimos enfáticos en rechazarlo, porque no responde a las expectativas ni a las necesidades. Por lo tanto, nuestra evaluación sigue siendo la que dijimos en su momento, menos de cuatro para un Gobierno que en materia laboral quedó al debe absolutamente”.

Para el vicepresidente del Partido Por la Democracia (PPD), Alejandro Bahamondes, el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera no se caracterizó por recoger las demandas del mundo laboral y tampoco por cumplir con los acuerdos que se tienen con la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Para el PPD, esto debería cambiar en la próxima administración. Al menos así quedaría reflejado en las promesas del documento de campaña, que hablarían de negociación colectiva, comisión para estudiar reforma al sistema previsional y proyecto de AFP estatal.

“Este es un Gobierno de los empresarios y no un Gobierno que represente a los trabajadores. Por lo tanto, han legislado aquellos aspectos o pretenden hacerlo sobre aquellos que favorecen exclusivamente al empresariado”, denunció Bahamondes.

Desde el oficialismo defienden el actuar del Gobierno. El diputado y miembro de la mesa directiva de la UDI, Javier Macaya, acusó que la incapacidad para avanzar en temas laborales ha sido porque no se han dado los consensos requeridos para realizar modificaciones importantes, las que van desde el fortalecimiento de la libertad sindical hasta la flexibilización laboral.

En consecuencia, el parlamentario indicó que si no existe la capacidad de llegar a un acuerdo entre los empleadores con sus trabajadores no es mucho lo que se puede hacer a nivel legislativo.

“En la medida que se haga un trabajo equilibrado y no aparezcan planteamientos impositivos, como podría ser la sindicalización automática, que coarta la libertad de personas que eventualmente no quieren incorporar un sindicato, podrían alcanzarse acuerdos sin que se llegue a esos extremos”, concluyó el diputado.

Macaya reconoció que más que el Ejecutivo, los que se han anticipado en la discusión de los temas laborales importantes han sido la CUT y la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), lo que para el diputado es un buen augurio de cara a las próximas negociaciones.