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Poco antes de las 6 de la tarde, y luego de una reunión que sostuvo con otras autoridades de Gobierno, el ministro subrogante de Economía, Tomás Flores, anunció la salida del director del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Francisco Labbé.

“Esta renuncia ha sido aceptada”, dijo la autoridad quien agregó que “en los próximos días, el Presidente decidirá el nombre del nuevo director. Por mientras, asumirá Julia Urqueta que subroga a Labbé”.

Flores informó además que pondrá a disposición del Ministerio Público “todos los antecedentes que se requieren, para poder asegurar que todo el proceso estadístico del Censo 2012 se realizó con total transparencia”.

De esta manera, la denuncia dada a conocer por el sitio electrónico Ciper podría derivar en una arista penal.

La imputación, que es avalada por la jefatura de distintos departamentos técnicos del organismo -apartados del proceso de análisis y validación de los datos-, es que el director Francisco Labbé decidió presentar a 16 millones 600 mil habitantes “empadronados” en el Censo como “efectivamente censados”, siendo que en realidad fueron 15 millones 800 mil personas.

Es decir, se sumaron los habitantes de 600 mil casas sin moradores para alcanzar menos del 2 por ciento de omisión que se propuso el INE, junto al Ministerio de Economía, para validar un Censo que, recordemos, duró tres meses y que, por primera vez, utilizó encuestadores pagados.

Previo a presentar su renuncia, Francisco Labbé, mediante una declaración pública, reconoció que se realizó “una estimación de las características de las familias que no fueron censadas”, aspecto recomendado, a su juicio, “por expertos internacionales”. Eso sí, enfatizó que las imputaciones de manipulación eran falsas.

Sin embargo, la asesora del mismo director Mariana Alcérreca, ratificó en el mismo Ciper que “en el Censo 2012 sí existió manipulación”.

Es más, la funcionaria denunció que con las 600 mil viviendas no censadas se llegaba a la suma de 16 millones 400 mil habitantes, por lo que Labbé solicitó agregar población desde las viviendas desocupadas. “Esto hay que arreglarlo, tienen que ser más”, habría afirmado el ex director en una reunión.

Esta presunta manipulación de cifras se suma a otros eventos. Recordemos, la modificación en la metodología de la encuesta de seguridad ciudadana, que disminuyó el índice de victimización; los indicadores de inflación, el ya mencionado IPC y la recordada polémica con la Encuesta CASEN.

Previamente,  desde las jefaturas  del Instituto cuya participación en proceso fue desestimada por Labbé, aseguraron que “es necesaria una comisión investigadora en este caso”.