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Dos aluviones en la cuenca del Maipo han dejado a millones de santiaguinos sin agua –con secuelas en filtros tapados, matrices rotas, que han significado nuevos cortes en algunas comunas, y un incendio que destruyó 75 viviendas en una quebrada de Valparaíso, en que faltó el agua, no podían entrar los carros de bomberos -1.200 damnificados, y que pudo tener consecuencias mucho peores.

Como especie humana– arrogándonos una supuesta superioridad- hemos introducido innumerables y dramáticas modificaciones a nuestros entornos naturales y hoy día sufrimos las consecuencias. La desertificación creciente de nuestro país –y de la región-, el empobrecimiento de la biodiversidad y la desaparición de especies, el calentamiento global con sus consecuencias en el cambio climático, las lluvias, los huracanes, etc. son expresión de la intervención humana y frente a ello somos incapaces de actuar más que reparando daños.

Se agrava esta situación cuando son intereses empresariales privados los que deciden en materias estratégicas –como el agua- sin que exista una evaluación anticipada de las consecuencias de sus decisiones. Sin duda, los estudios de impacto ambiental han representado un avance, pero el país ha sido testigo de cómo se han revertido decisiones cuando la autoridad política se alinea con los intereses privados. Lo más grave es la ausencia de una mirada integral sobre los temas ligados al manejo de las cuencas, a la titularidad de las aguas, la constructibilidad de terrenos de alto interés para las inmobiliarias pero con riesgos diversos, por mencionar los casos más a la vista.

El debate en torno a la propiedad de los recursos naturales y a la provisión de servicios básicos reaparece entonces con fuerza. Es del todo insuficiente la aplicación de multas en fiscalizaciones que llegan siempre tarde y cuyo monto, apenas afecta las utilidades de las empresas. El Estado, en el modelo actual, llega tarde a atender las necesidades de la población. El supuesto de la responsabilidad de las empresas, cuyo único contrapeso es la evaluación de los consumidores, de anticipar dificultades, de realizar las inversiones oportunamente, de tomar las medidas de seguridad necesarias para evitar incendios como el de Valparaíso, es equivocado. Lo mismo sucedió con los mineros hace dos años y todavía no se modifica la norma sobre seguridad prometida por el gobierno.

"Por la Justicia Social" ha sido la consigna de los Foros Sociales y de los pueblos por dos décadas y en América Latina son varios los gobiernos que buscan alternativas a la depredación que impone el capitalismo en su fase actual, no sin tensiones porque el dilema entre crecimiento y desarrollo no es fácil de resolver. De allí la lucha de distintos movimientos sociales y su búsqueda de articulación, para evaluar la situación y proponer alternativas. La Cumbre de los Pueblos, realizada en Santiago durante el mes de enero, fue un esfuerzo más en la búsqueda de un desarrollo alternativo.