Violencia Policial: Defensoría Popular exige a Carabineros iniciar sumario por brutalidad contra estudiantes

08 Septiembre 2012
Abogados de la Defensoría Popular presentaron un reclamo en la Dirección General de Carabineros por los abusos cometidos por funcionarios de esta institución contra estudiantes. “Decir que son hechos aislados, como dijo el ministro Hinzpeter, es un eufemismo”, aseguraron.
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La Defensoría Popular indicó que se trata de un reclamo que solicita la ejecución de un sumario administrativo, para que se investiguen cinco denuncias de abuso policial cometidas por funcionarios de Carabineros contra estudiantes.

El último de los hechos se produjo el pasado jueves a las afueras de la Universidad de Santiago, lugar donde el estudiante de la casa de estudios, Manuel Cubillos, fue impactado por una bomba lacrimógena en su ojo izquierdo.

El alumno, según el último parte médico entregado por el Hospital El Salvador, presentaría un compromiso severo de su vista con daño irreversible debido al ataque de la policía.

Según el abogado de la entidad, Rodrigo Román, además se presentaron denuncias por otros cuatro casos: “Uno de ellos dice relación con un estudiante del Instituto Nacional, un chico que es hipoglicémico, Cristián Zamora, que fue encerrado en la Tercera Comisaría de Santiago y se le impidió tomar sus medicamentos por largas horas, lo que le implicó una crisis de pánico y otras consecuencias. También está el caso de Natacha Canales Aranda, estudiante del Liceo Miguel de Cervantes, que fue detenida en la Segunda Comisaría y fue desnudada y otros vejámenes por parte de la policía”, detalló.

A ellos se suman las denuncias de una alumna del Liceo 1, que sufrió la pérdida de uno de sus dientes producto del golpe propinado por un funcionario de Fuerzas Especiales y un estudiante de 25 años, que acusó ser torturado con un bastón eléctrico en su ojo derecho.

La presentación de este reclamo pretende que Carabineros investigue posibles faltas contenidas en el reglamento de disciplina interno, sin perjuicio que éstos sean informados a la jurisdicción militar, para que se investigue la posible comisión de delitos, según indicó Román.

El jurista fue enfático en afirmar que no son hechos aislados, sino que la serie de denuncias que han presentados agrupaciones de padres y apoderados, de estudiantes, de mujeres y de protección de la infancia, confirman la brutalidad con la que actúa la policía.

“A estas alturas decir que son hechos aislados, como dijo el ministro Hinzpeter hace unos días que son ‘imprudencias que se salen del protocolo’, la verdad, es que esos son eufemismos, porque aquí lo que hay es una política de Estado, que se representa en la brutalidad policial, no solamente en esta ciudad, sino preguntemos lo que está pasando en el Wallmapu a las comunidades mapuche. Esta política de criminalidad  del Estado, no solamente  limita con la comisión de delitos, sino que pasa el límite y constituyen verdaderos delitos que deben ser sancionados”, explicó el abogado de la Defensoría Popular.

Asimismo, Román adelantó que, dependiendo de las indagaciones, no se descarta la aplicación de penas con presidio efectivo, pues “se podrían configurar los delitos de tortura, detención ilegal, abuso contra particulares, a premios ilegítimos y, a propósito de la regla de la determinación de la pena, podríamos pensar que algunos de estos criminales podrían terminar en prisión efectiva, dada la cuantía que tienen las penas de cada uno de esos delitos “.

Finalmente, el abogado llamó a todos los estudiantes víctimas del abuso policial a presentar las denuncias ante la Justicia, entidades judiciales y organismos de Derechos Humanos, para “terminar con la impunidad”, según subrayó.