El Instituto Nacional de Derechos Humanos llama a asumir la oportunidad histórica que se ha generado a partir de la justa demanda de los movimientos estudiantiles y de la ciudadanía en torno a la necesidad de avanzar en los cambios que permitan contar con un proyecto educativo inclusivo y de calidad, acorde con la plena garantía y respeto del derecho a la educación en Chile, y para estos efectos señala lo siguiente:

1. El derecho a la educación es un derecho reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en la Constitución Política del país. Además de un derecho en si mismo es un medio indispensable para la realización de otros derechos. Es también la principal herramienta de un país para promover la igualdad y es indispensable para el desarrollo de una ciudadanía participativa, respetuosa de los derechos de las personas, y protagonista del desarrollo integral del país.

2. Reconoce los avances logrados por el Estado de Chile en las últimas décadas en la ampliación de la cobertura del sistema educacional. No obstante, es evidente que el sistema educacional chileno tiene severas deficiencias en términos de su pertinencia, calidad y no es un instrumento para superar la discriminación en relación con los niños, niñas y jóvenes más vulnerables de Chile, y que ello afecta de manera grave las posibilidades actuales y futuras de progresar de los chilenos y chilenas.

3. El sistema educacional chileno tiene un grave problema de segregación educacional que produce y reproduce desigualdad. Hoy, en Chile, el acceso a una educación de calidad depende de la capacidad de pago de las familias, por lo que las familias que tienen menos recursos acceden a una educación de menor calidad.

4. Reitera que el Estado tiene la obligación de proveer educación gratuita y de calidad para todas las personas en el nivel básico y medio, y de manera progresiva en la educación superior. Si bien la educación básica y media en Chile es gratuita, es preocupante constatar que la tendencia en Chile va en un sentido contrario. Por su parte, la educación universitaria y técnica no ha avanzado en mecanismos que de manera progresiva garanticen la educación gratuita a los jóvenes siendo las familias chilenas las principales afectadas por el excesivo endeudamiento.

5. Considera que el Estado debe tener un rol protagónico e insustituible en la creación de mecanismos de control adecuados y suficientes para garantizar el derecho a la educación. Corresponde al Estado generar dichos mecanismos y supervisar que los procesos educativos, su política y gestión educativa sea efectivamente de calidad, de manera que niños, niñas y jóvenes desarrollen al máximo sus capacidades en el marco de una sociedad que los iguala en las oportunidades que brinda.

6. Reafirma que la libertad de enseñanza es una garantía y que ésta debe desarrollarse en condiciones de igualdad. El Estado, sin embargo, tiene la obligación de velar porque la libertad de enseñanza no provoque disparidades en materia de instrucción, asegurando una educación de calidad en el conjunto del sistema escolar y evitando así, se configuren situaciones de incumplimiento en materia de garantía del derecho a la educación.

7. Alerta al Estado para que ponga especial preocupación en garantizar el derecho a la educación de grupos específicos. El Estado debe redoblar los esfuerzos para implementar las medidas que permitan a grupos especialmente vulnerables -como los niños/as y jóvenes migrantes, de familias nómades, con discapacidad, afectados por desastres naturales, pertenecientes a pueblos indígenas, las personas privadas de libertad y las mujeres y niñas- gozar, en igualdad de condiciones, de los procesos educativos.