Por Alexander Kliwadenko
Director Social de Un Techo para Chile

Hace pocos días me tocó visitar la ciudad de Copiapó, en el norte del país. Una de las cosas que más me impresionó de la ciudad, fue la cantidad de proyectos mineros en desarrollo, en especial uno que requerirá una mano de obra equivalente a 13.000 personas durante la etapa de implementación; pero sólo 2.000 trabajadores para operar normalmente.

No pude evitar relacionar lo anterior con la excesiva facilidad con que los últimos gobiernos han recurrido a la entrega de bonos para los más pobres: para el invierno, para marzo, para los alimentos y el combustible, entre otros. Tanto la oposición como el oficialismo han impulsado estos paquetes de bonos, siendo aprobados en el congreso en tiempos récord. El bono marzo del Presidente Piñera se presentó el 16 de marzo de 2010 y el 24 de ese mismo mes ya estaba aprobado. Los cuatro bonos entregados entre 2006 y 2009 por la Presidenta Bachelet se aprobaron todos en plazos menores a un mes. El Presidente Lagos presentó en abril de 2005 un bono compensatorio al alza de los combustibles y en tres semanas ya era ley.

Los bonos no son necesariamente buenas políticas sociales. En muchos casos no se trata de programas que respondan a planificaciones de largo plazo, ni a estrategias que, más allá del alivio puntual, aspiren a ser un mecanismo de impulso para quienes se encuentran en condición de pobreza y vulnerabilidad. Se trata más bien de instrumentos políticos basados en la compensación de las injusticias del mercado laboral, el sistema educacional o el de salud. Los gobiernos suelen recurrir a ellos en periodos de crisis (o electorales). Y precisamente allí radica el atractivo que representan para los políticos: nadie quiere quedar como el malo de la película negándole dicho “beneficio” a sus electores.

Al igual que la situación laboral y económica de muchos mineros en Copiapó, los bonos no entregan a las familias certezas, plazos, montos, ni estabilidad alguna. Sin embargo, algunos expertos los prefieren a los subsidios o garantías permanentes. Consideran que gracias a su carácter provisorio, pueden ser eliminados con facilidad según la situación financiera del país; por lo que se trataría de una suerte de “caridad de Estado”. En el fondo temen amarrar al fisco, olvidando la frase del historiador británico Tony Judt al señalar que “lo único peor que demasiado Estado, es demasiado poco”. Una realidad patente y cotidiana para quienes siempre corren con desventaja en nuestra sociedad del “Sálvese quien pueda”.

Los bonos -estos “alivios”- están lejos del rol que debiese desempeñar un estado de garantías, benefactor o incluso subsidiario; la larga terminan siendo desfavorables al propósito de evitar un estado poderoso o con excesivos gastos. Pero además lesionan los derechos sociales de las personas al darles un trato de clientes prioritarios de la billetera pública, más que de ciudadanos sujetos de derechos y partícipes iguales en el desarrollo del país. Esto es no comprender el problema de la pobreza con la complejidad que realmente requiere.

La similitud fundamental entre la fiebre de los bonos y la fiebre del cobre, es la incertidumbre que produce en los beneficiarios y mineros, la posibilidad de que en algún momento esos recursos se terminen. Esta inseguridad, que en el norte se traduce en la negativa de la gente a instalarse, invertir y desarrollarse en esas ciudades; en los más pobres del país se expresa en la falta de certezas respecto de si en el futuro existirán otras políticas de carácter permanente y/o estructural.

Que se entienda: No estoy contra los bonos como herramienta de emergencia en la lucha contra la pobreza; pero tan preocupante es la inclinación política a entregarlos sin mayores cuestionamientos, como peligroso generar en la ciudadanía una confusión entre herramientas de emergencia y las soluciones de fondo que el país requiere en materia de pobreza y justicia social.

Se sabe que una auténtica política pública resulta a la larga más eficiente social y económicamente; y la experiencia de quienes trabajamos día a día con los más pobres del país nos da la convicción de que –al igual que en medicina – es mucho mejor atacar las causas de la enfermedad que terminar paleando sus síntomas (por más que esto sea necesario).

Debemos tener esto especialmente presente ahora que la OCDE asegura que Chile podría erradicar la pobreza si destinara el 1% del PIB al gasto social. Lo anterior no hace más que demostrar que existen los recursos necesarios para que todos en Chile podamos llevar una vida digna. Para llegar a eso, necesitaremos mucho más que mesadas, aguinaldos, salvavidas u ofertones -por populares que éstos sean- para los más excluidos del desarrollo del país.