En primer lugar, la reducción del presupuesto del Servicio de Atención Primaria de Salud de la Araucanía. Este hecho no es una reducción leve, más bien, es el peor presupuesto de los últimos 10 años a nivel regional. ¿Las causas?, se desconocen, ¿Las consecuencias?, incalculables.

Siendo la región con peores índices de pobreza y vulnerabilidad, además, considerada una región de características rurales, con una alta presencia de población indígena, el funcionamiento de los sistemas de salud públicos, y por sobre todo aquellos de atención primaria, son fundamentales para lograr una cobertura de salud medianamente funcional.

Este último punto es importante destacar, ya que en la Araucanía, el aislamiento geográfico es una realidad y no sólo un objeto de estudio. No así, el insultante presupuesto al alza, destinado a las acciones armadas de la policía en el conflicto que vive nuestra región.

El segundo hecho, son los dichos del Subsecretario del interior Juan Francisco Galli, quien a raíz de la formalización asociada a un decomiso de armamento en el sector oriente de Santiago, vinculado a grupos de extrema derecha, se refirió al armamento como “utensilios”, generando la indignación de varios sectores, tanto políticos como ciudadanos. Yo aquí me pregunto: Entonces ¿Somos o no somos iguales ante la ley? Hay una diferencia enorme en el tono y el lugar donde ocurren los hechos.

Un hecho como el mencionado, en la región de la Araucanía, sería calificado instantáneamente como terrorismo y movilizaría recursos policiales durante días, intentando desbaratar “los planes terroristas”, pero como ocurrió en Santiago, en el barrio alto y asociado a grupos de derecha, automáticamente ya no es terrorismo. Lo de Galli es incomprensible y demuestra, que para Santiago, nuestra región aún sigue siendo un leño difícil de roer. No hay empatía, tino, ni conocimiento real de lo que implica el conflicto en nuestra región.

Al parecer, como decía el principito “Lo esencial es invisible a los ojos”, pero, a los ojos del Gobierno.