Con los eventos en que fueran heridos niños mapuche en las afueras del Hospital de Collipulli por parte de la policía, hemos llegado a un estado de las cosas en el país donde se está instalando una sensación de impunidad generalizada. El mensaje para la ciudadanía es que ya no hay quien los defienda, ni en el Gobierno ni en el Parlamento y eso es grave.

Se les dispara a niños en las afueras de un hospital y quien responde es el mismo aparato estatal con argumentos racistas como el del SEREMI Mauricio Ojeda, respaldado por el Jefe de la IX Zona Policial, general Bezmalinovic, que acusaron a grupos mapuche de usar a los niños como “escudos humanos”. 

Estas declaraciones totalmente desconectadas con el fondo del problema, que es que niños han sido heridos por armas de policías, han provocados condena incluso de órganos como la UNICEF, pero el gobierno hace oídos sordos. Nadie da una explicación ni pone en duda los procedimientos. 

Es el momento en que nuestro sistema político se reinicie, que por fin se debata sobre los derechos ciudadanos y se construya una nueva Constitución con legitimidad en la base. Se torna de la mayor urgencia la conformación de la institución del ‘Defensor del Pueblo’ (Ombudsman) y de leyes -como la ley de Lobby- que permitan que la sociedad fiscalice y se defienda, más allá de un parlamento y un gobierno castrado.  

Los procedimientos policiales deben ser sostenidamente sometidos a preguntas y observación, siempre, para evitar que se cometan errores o violación de derechos fundamentales de las personas. En el caso de Collipulli lo decimos claro: no existe justificación alguna para apretar algún gatillo contra niños.

El progresismo espera que la reestructuración del Ministerio Público anunciada por el Fiscal Nacional abra un nuevo momento para que esa institución dé garantías de procedimientos ajustados a derecho en los juicios contra comuneros mapuche y además que inicie las investigaciones sobre la existencia de grupos paramilitares armados en la zona de la Araucanía y la tesis de los ‘auto-atentados’.

Por Alejandra Bottinelli, Vicepresidenta del PRO