La abogada Jimena Reyes es Responsable de la Oficina de las Américas de la Federación Interamericana de Derechos Humanos (FIDH) y acompañó a los familiares de los presos mapuche en huelga de hambre en Temuco, en las frustradas gestiones con la Dirección de Gendarmería de la Región de la Araucanía para que accediera a la petición de los huelguistas de ser traslados a la ciudad desde el penal en que se encuentran en Temuco a la cárcel de Angol, condición esencial para bajar su acción de presión.

Pero no ha sido lo único en su agitada agenda en Chile.  Asimismo, estuvo visitando a diferentes miembros del pueblo mapuche afectados por procesos judiciales ocurridos entre los años 2000 a 2003, quienes fueron víctimas de la aplicación de la ley antiterrorista, recibiendo muchos de ellos duras condenas de cárcel, como los lonkos Pascual Pichun y Aniceto Norin, y Patricia Troncoso, entre otros.  También con los abogados que les representan en las denuncias ente la CIDH.

Juicio contra el Estado de Chile

Como bien explicó Reyes, el objetivo central de su visita es la preparación del proceso que se llevará a cabo en Costa Rica ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 2013 y que “es un juicio contra el estado chileno por las violaciones  a los derechos humanos cometidas entre 2001 a 2003 relativas a condenas bajo la ley antiterrorista a comuneros mapuche”.

Momento tenso por huelgas de hambre

Su llegada se da en un contexto tensado por las huelgas de hambre que se desarrollan en las cárceles de Angol y Temuco.  Allí pudo visitar a los cinco comuneros huelguistas, constatando la situación de vulnerabilidad y serio riesgo de su salud y de vida si no se toman medidas urgentes para  revertirla.

La jurista manifestó su inquietud por la  de contradicción existente entre los pilares que anunció el presidente Piñera en su política indígena y el trato que se da a los huelguistas.  “La visita de Piñera puede ser una ocasión de diálogo y de aplicación y respeto del convenio 169, que él menciona en su nuevo trato”, señaló.

Considera, finalmente, que del 2000 al presente año en Chile se sigue con “la misma línea que como FIDH venimos denunciando desde el 2000 y que es una línea meramente represiva, donde se aplican leyes de excepción, como la ley de seguridad interior o la ley antiterrorista, en la tipificación de diversos delitos para penalizar de forma más agravada, y eso es muy preocupante”, expresó.