Cientistas sociales mapuche cuestionan financiamiento de centros de investigación universitarias

07 Marzo 2013

¿Hasta qué punto estas políticas institucionales de la academia chilena realmente contribuyen a la permanencia de los saberes de nuestros pueblos y a “la calidad de la ciencia” que se invoca?, señala la Comunidad de Historia Mapuche. 

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A través de una declaración pública bilingüe, la Comunidad de Historia Mapuche manifiesta su preocupación por la conformación del Centro Interdisciplinario de EstudiosInterculturales e Indígenas financiado por el Fondo de Investigación Avanzada en Áreas Prioritarias (FONDAP) de CONICYT, que se adjudicó 4000 millones de pesos para investigación en temas indígenas.

"Nos preocupa sobremanera el millonario financiamiento para la investigación sobre “temas indígenas” adjudicado a fines de 2012 a la Pontificia Universidad Católica de Chile, en asociación con la Universidad Diego Portales y la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, a través del Fondo Nacional de Investigación en Áreas Prioritarias (FONDAP) y dependiente de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnólogica (CONICYT). Este fondo público ha sido asignado bajo el supuesto de crear y mantener centros de investigación de excelencia con la finalidad de “producir un cambio cualitativo en la calidad de la ciencia y en la formación de investigadores jóvenes en las respectivas áreas”, declaran las y los 62 profesionales mapuche. 

Agregan que "nos llama la atención que montos económicos tan elevados para investigar la situación de los diversos pueblos originarios en Chile se destinen únicamente a entes académicos convencionales, la mayoría de los cuales tienen escasa relación, compromiso y conocimiento de las diferentes culturas de los pueblos indígenas. Considérese que en Chile los proyectos de investigación sobre pueblos indígenas en general son escasos, al igual que los investigadores no indígenas especializados en estos temas", argumentan los declarantes.

"Por tanto, exhortamos al Estado, sus instituciones y sus organismos generadores de políticas investigativas, tales como el Consejo de Rectores y CONICYT, a destinar los recursos públicos que involucren a los pueblos indígenas siguiendo las normativas vigentes, ratificadas o suscritas por el Estado chileno, tales como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, es decir, previa consulta a los pueblos originarios, cuestión omitida en este caso. No se trata de una cuestión de inclusión o de “discriminación positiva”, sino de derechos. Estos deben respetarse y no ser violados", aclaran.

REVISA LA DECLARACIÓN COMPLETA ADJUNTADA

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