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A pesar que hace un año se aprobó la ley de despenalización de aborto en tres causales, lamentablemente hay mayores antecedentes sobre la complicada implementación de la normativa a lo largo del país.

Según consigna el desconcierto [4] a un año de la ley, hay información suficiente para asegurar que la falta de infraestructura y de información, la alta cifra de médicos objetores y “las ambigüedades y vacíos” que deja la propia ley son las principales causas que dificultan que una mujer acceda a un aborto en las tres circunstancias establecidas por la normativa.

Dicho medio también señala que de los 69 hospitales habilitados para practicar abortos, en 41 de ellos la mitad o más de los médicos es objetor en alguna de las tres causales. De esos 41, al menos cuatro (San Fernando, Pitrufquén, Nueva Imperial y de Osorno) deben obligatoriamente derivar a las pacientes que soliciten un aborto por violación porque todos sus médicos son objetores. 

Especialmente en la tercera causal, en casos de violación, es todavía más complejo. Según el Minsal, de los 1.140 obstetras del sector público, 538 son objetores por esa causa. En tres regiones las dificultades de acceso llegan prácticamente al límite: en Maule y O’Higgins más del 80% de los médicos son objetores por violación y en La Araucanía, más del 75%.

De esta forma, La Araucanía es la región que tiene más hospitales con todos sus médicos objetores de conciencia en casos de violación en los hospitales de Pitrufquén y Nueva Imperial o con sólo un médico habilitado como es en el caso de los hospitales de Lautaro y Angol.