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En las negociaciones para definir un nuevo sistema electoral ciertamente no prevalece el interés de propiciar un sistema proporcional de elección sino, más bien, el intento de consolidar un sistema híbrido, una especie de binominalismo corregido para elegir a los miembros del Poder Legislativo. Se acepta por muchos actores políticos que el proyecto patrocinado por el Gobierno en ningún caso busca la instauración de un sistema como el que rigió en Chile antes de la Dictadura y que ciertamente permitía que nuestro Parlamento fuera una expresión muy amplia de nuestra diversidad política. Hoy, el oficialismo y la oposición discuten, se interpelan y motejan en relación a esta iniciativa, pero en general lo que ambos prefieren es un sistema en que el duopolio político mantenga su preeminencia en el Parlamento, limitando la presencia de representantes que puedan incomodarlos o desafiar su hegemonía. Salvo, por cierto, si se avienen a integrarse a estos pactos, a conformarse con algunos cupos cedidos por los que se han enseñoreado en la política durante los últimos 25 años. Lo que indiscutiblemente explica, por ejemplo, la incorporación de los comunistas a la Nueva Mayoría oficialista.

Más fácil habría resultado mirar al pasado para valorar lo que tuvimos, en vez de buscar ajustes a un sistema electoral tan desacreditado como el actual y en que justamente los legisladores favorecidos con el binominalismo son los menos idóneos para superar el sistema que tanto ha favorecido a sus partidos, cuanto a sí mismos. Advertido el país de que solo se quiere hacerle retoques a lo existente, es que a los “negociadores” les resulte cada vez más complicado un acuerdo, pese a los consensos que se expresan entre el oficialismo y la centroderecha en éste y tantos otros temas. Hasta aquí, de verdad, no asoman argumentos convincentes para justificar un aumento en el número de legisladores; así como el diseño de un nuevo mapa territorial provoca sospechas de que lo que quieren algunos partidos o pactos es solo asegurarse ventajas electorales y no procurar una equilibrada elección de representantes conforme a la distribución real de nuestra población.

En efecto, nos parece un despropósito que sean los propios legisladores elegidos por un sistema espurio los que acometan esta reforma. Soslayándose, además, la convicción popular de que es justamente el Congreso Nacional una de las instituciones más desprestigiadas de la posdictadura. Como lo indicara la reciente encuesta del Centro de Estudios Públicos, después de los propios partidos, los parlamentarios cuentan con solo un 12 por ciento de de credibilidad nacional. En la reconocida desacreditación general de la política, así como en el extendido registro de las discusiones, dilaciones y trabas constitucionales, lo que se evidencia es que el primer objetivo para consolidar una verdadera democracia en Chile debió ser una nueva Carta Fundamental que, por cierto, fuera concordada por representantes genuinos de la ciudadanía en una Asamblea Constituyente. Tal como se ha materializado en otros países que se han sacudido de las dictaduras militares en nuestro Continente.

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