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El empleo y las condiciones de vida de las mujeres son dos variables fundamentales para avanzar hacia un desarrollo equitativo y sostenible en America Latina y el Caribe plantea el Informe Regional sobre Trabajo Decente e Igualdad de Género: “Políticas para mejorar el acceso y calidad del empleo de las mujeres en América Latina y El Caribe”, que presenta un diagnóstico sobre el trabajo de las mujeres y un conjunto de recomendaciones sobre políticas que promuevan la equidad de género en el empleo, el cual fue publicado recientemente por cinco Agencias de Naciones Unidas.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), ONU Mujeres, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), sostienen en su informe que la superación de las brechas entre hombres y mujeres -potenciadas por las desigualdades raciales y étnicas- requieren el desarrollo de políticas de empleo que permitan avanzar hacia la autonomía económica de las mujeres y la igualdad de género.

El informe además señala que estas desigualdades son consecuencia directa de las perspectivas tradicionales sobre el lugar y el papel que deben ocupar las mujeres en la sociedad, basadas en prejuicios y discriminaciones. A esto se suma la inequitativa distribución de los tiempos de trabajo no remunerado – para el cuidado de la familia- y la persistencia de estereotipos que se expresan en desiguales patrones de empleo.

Persistencia de las brechas

Durante las últimas décadas América Latina experimentó una masiva incorporación femenina a la fuerza de trabajo. Así, a pesar de que la tasa de participación laboral de las mujeres subió de 49,2% en 2000 a 52,6% en 2010, ésta continúa siendo inferior que la de los hombres.

En cuanto al desempleo, en las mujeres la tasa es de 9,1%, 1.4 veces la de los hombres,  sumado a que ellas, enfrentan mayores niveles de precariedad laboral, y tienen menos probabilidades de trabajar como asalariadas que los hombres (60,7% y 68,5%, respectivamente).

Un problema estructural

El Informe sostiene que la desigualdad social y de género en la región es un problema estructural estrechamente ligado a los patrones de inserción laboral y la calidad de los empleos, que exige de la intervención de políticas públicas, con medidas de corto, mediano y largo plazo.

Agrega que la región todavía carece de políticas públicas de empleo bien estructuradas y con una perspectiva estratégica, donde se incluya la generación de empleos de calidad y la no discriminación de género.

Por este motivo, las Agencias proponen un conjunto de recomendaciones que buscan apoyar a los gobiernos, organizaciones de trabajadores y de empleadores, además de los movimientos de mujeres en la construcción de políticas para abordar la desigualdad de género en el mundo del trabajo y contribuir al diálogo social para la mejora tanto en el acceso como en la calidad del empleo.