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Por Juan Cristóbal Romero, gerente general de Fondo Esperanza

En Chile cerca de un millón de trabajadores generan sus ingresos a través de una actividad propia no formal, los que representan más de un 10% de la fuerza laboral. En un país donde la desocupación es del 6%, parece llamativo que tanta gente opte por el autoempleo. Parte importante de este fenómeno tiene su origen a una realidad poco asimilada: cerca del 50% de las familias vulnerables son de jefatura femenina. Ante la necesidad de compatibilizar su rol de madre con el de trabajadora, muchas mujeres administran su tiempo a través de empleos propios de baja productividad, con utilidades incluso menores al sueldo mínimo.

Esta realidad está en el corazón de la llamada “trampa de la pobreza”. El dilema es cómo salir de ella. Sea cual sea la fórmula, lo claro es que su solución debe al menos partir por el diseño de políticas públicas que aseguren una red de apoyo integral que salve las barreras que impiden generar una ganancia digna.

¿Qué barreras? Las del cuidado de niños y abuelos para trabajar sin preocupaciones; las de la capacitación en el manejo de sus negocios; las legales para formalizar sus negocios; las financieras, a través de créditos productivos ajustados a sus realidades; las enormes barreras de transporte, para disminuir las brechas de segregación residencial que limita el acceso hacia sectores de mayores poder adquisitivo; y por último, las barreras sociales, como la discriminación y la escasa red de contactos. 

Con la actual discusión del salario mínimo se abre una interesante oportunidad para reflexionar sobre ese casi millón de trabajadores autoempleados de menores ingresos, para los que la posibilidad de hablar de salario mínimo no existe.