Zona de sacrificio y de exclusión ambiental

Existen modelos productivos que incrementan la productividad económica. En chile lo sabemos muy bien y es parte de nuestra realidad. La intención de HidroAysén y la práctica real de lo que ha estado sucediendo con diferentes proyectos de desarrollo que no toman en cuenta la variable social y ambiental como corresponde, dejan muy en claro que si no se toman los resguardos suficientes y no se hacen las cosas bien, ciertas regiones estratégicas se transforman en zonas de sacrificio. Aysén y casi todo el norte esta actualmente en esa lista y eso no puede ni debe suceder. En la actualidad un gran porcentaje de los EIA (Estudios de Impacto Ambiental), no han tenido la capacidad de ser objetivos y profesionales. Freirina es un ejemplo de algo que no puede volver a suceder, no solo por los habitantes y constatar el deterioro de su calidad de vida. También por las empresas que piensan que están okey bajo el modelo de evaluación y en verdad no lo están. El país necesita sin duda que las empresas produzcan, pero no de cualquier manera y si con respeto y una ética empresarial que este de acuerdo con los nuevos tiempos.

En Chile el modelo económico sea sustentado desde siempre bajo la variable económica y del lucro como único camino hacia el crecimiento. En ningún caso ese crecimiento a significado desarrollo, con la vieja y tan poco creíble “teoría del chorreo” con que pensábamos que saldríamos adelante. Hasta ahora el modelo se ha olvidado por completo del medio ambiente. Los conflictos sociales relacionados con este tema son inevitables en la actualidad y son parte de la transición obligada que debemos superar, al heredarnos un formato que no ha tenido la capacidad de entender la importancia del ítem ambiental en la búsqueda de la sustentabilidad y el desarrollo. Ítem desechado para facilitarle la vida a las transnacionales en la década de los noventa y hacernos así un país más interesante para la inversión extranjera. Hoy esa realidad ya no es suficiente, las necesidades son otras y las exigencias deben ser mayores para las transnacionales y para el mismo gobierno, descartándose para siempre de nuestro léxico las zonas de sacrificio y de exclusión.

El gobierno ve con profunda preocupación la judicialización de los proyectos energéticos, que Bajo su visión estarían frenando el desarrollo del país. El discurso demuestra lamentablemente, que el gobierno está mucho más preocupado por los intereses de las transnacionales que de la calidad de vida de los habitantes de los territorios pretendidos y esto preocupa al mundo ciudadano. La judicialización es en la actualidad la única herramienta eficaz para filtrar los malos proyectos de desarrollo, especialmente los energéticos.

La realidad de hoy, con más información en las redes sociales sobre los proyectos y un verdadero interés por parte de la ciudadanía por su futuro y de poder conocer los pormenores de estos proyectos, presuponen que hoy no basta solo con presentar los EIA como eran la tónica del pasado. Estos deben tener un mínimo de condiciones exigibles si quieren seguir adelante. Los jueces han demostrado un entendimiento de esta nueva realidad y han estado aceptando las causas medio ambientales, sin duda han sorprendido a muchos incluso al mismo gobierno y representan un gran avance ciudadano, demostrando en la practica de como vamos avanzando hacia la maduración de estos temas, que hasta hace muy poco no eran considerados relevantes y los mismos jueces hacían la vista gorda.

Los proyectos energéticos han sido avalados por una Ley con muchas irregularidades, que entre otras permite a las misma empresas transnacionales desarrollar sus propios estudios ambientales, sin contar con una auditoria o una contra parte externa independiente, que certifique las intenciones y entregue a las comunidades intervenidas las garantías de que se están haciendo las cosas bien y que a futuro las intenciones no serán la destrucción de sus vidas. Si el estado se preocupara por velar y cumplir con su función original de árbitro imparcial como debería ser, de seguro no seria necesario judicializar los proyectos energéticos.

Entender lo que sucedería por una mala gestión ambiental, ha sido parte importante del amadurecimiento responsable del país en los últimos años. Se a tomado conciencia que el resguardo del medio ambiente es un tema vital para la proyección y de la concepción final del modelo y de sus posibilidades reales de lograr los objetivos emprendidos por el bien de todos y no solo el de algunos. No es una cuestión que solo deba depender del gobierno o de las políticas de Estado. La obligación de resguardarlo y de proyectarlo esta en todos nosotros, de la sociedad en su totalidad. De ahí la actual dicotomía entre las políticas del gobierno y la actual conciencia ciudadana de cómo trabaja el gobierno, que ha entendido que la calidad de vida del país y de su futuro, dependen sustancialmente de un medio ambiente limpio. En la realidad actual no se puede pretender justicia social sin justicia ambiental.

Los objetivos de crecimiento y desarrollo, de que debemos ser en un futuro no muy lejano una potencia mundial agroalimentaria y transformarnos en un destino turístico de calidad internacional, fue la pieza fundamental para que Don Sebastián Piñera llegara a la Moneda. Presuponía en esos objetivos, un cambio de mentalidad en la forma de gobernar, acercando las regiones al gobierno central, entregándoles autonomía y poder de decisión.

Lo que hemos visto a sido todo lo contrario, pasados dos años de administración, aun no existe un consenso real de una estrategia adecuada que indiquen que tales objetivos se estén llevando a cabo. No existe claridad alguna de las condiciones que deben generarse en el país para lograrlo y todo ha quedado en el discurso formal electoral y lamentablemente estamos perdiendo un tiempo valioso para lograr esos objetivos e ir haciendo camino.

Los procesos para forjar las ventajas comparativas y lograr ser una potencia agroalimentaria y turística, son costosos y complejos. Se requiere la construcción de un plan estratégico de largo aliento, con convicciones certeras y con la capacidad de alinearse con respeto por el medio ambiente y poder demostrarlo con políticas de resguardo, que de verdad se ha optado por esa vía.

En materia energética se debería entregar una potente señal a nivel de estado, que se esta confeccionando un plan estratégico de reconversión gradual a ERNC (Energias Renovables no Convencionales), con una visión global de la problemática. Que tenga la capacidad de tener una proyección mínima de 30 años y no solo de cuatro años o de un mandato presidencial, lo que es insuficiente. No podemos pretender ser un país desarrollado y sustentable, sin una matriz energética que respete el medio ambiente. En consecuencia se deberían formular políticas e incentivos que entreguen las condiciones necesarias para mejorar la gestión energética y transformarla en una Eco-gestión, permitiéndonos insertar nuestros productos en el mercado internacional con una denominación de origen que sea real y no solo un discurso marquetero como lo somos actualmente.