Intensa fiscalización a locales de venta de chatarras

La iniciativa, realizada en conjunto con PDI y el Servicio de Impuestos Internos y coordinado por la Gobernación Provincial de Cautín se enmarca dentro de la alianza estratégica con el Ministerio Público para perseguir los delitos de sustracción y comercialización de cables de cobre, entre otros metales.

Mil 400 kilómetros de cable de cobre fueron sustraídos sólo durante 2010. De estos, 228,4 kms. corresponden a instalaciones de Frontel en las regiones del Bío Bío y La Araucanía, esto es, 27 toneladas de cobre robado. Sólo el año pasado las pérdidas por concepto de robo de este metal ascendieron a U$ 3,3 Millones costado, de paso, la vida a más de algún malogrado delincuente.

Actualmente, el kilo de cobre supera los 3 mil pesos en el mercado informal, por lo que resulta un tentador negocio reducirlo. Conscientes de esta realidad, en Julio de este año el Ministerio Público, junto a la Policía de Investigaciones, Carabineros de Chile, el Servicio de impuestos Internos, la SEC, Aduanas y las empresas eléctricas, de Telefonía y de Ferrocarriles, afectadas aunaron esfuerzos para enfrentar este tipo de ilícitos, a través del Programa “Chatarra 2011”. En la Provincia de Cautín, esta iniciativa permitió conformar un equipo de trabajo compuesto por dos fiscales coordinadores y un equipo de Detectives compuesto por cinco funcionarios de la PDI.

De esta manera, se ha logrado establecer que el robo y comercialización de cables de cobre tiene etapas definidas, que comienzan con la sustracción desde las redes ubicadas en calles, carreteras y caminos rurales. Luego, el cable sustraído es quemado para despojarlo de su cubierta, quedando el cobre al descubierto para ser acopiado en sitios y bodegas, muchas de ellas clandestinas, a la espera de ser comercializado.

Por otra parte, dentro del mercado delictual existe la “exportación” de cables de cobre desde algunas regiones, mientras que la sustracción y acopio se concentran en otras. Estas diferencias territoriales definen qué tipo de delitos se cometen a lo largo del país, como fraudes aduaneros, en el caso de que la exportación ilegal sea detectada a tiempo.

De ahí que la Gobernación de Cautín, en coordinación con PDI y el Servicio de Impuestos Internos decidieran fiscalizar los principales locales dedicados la compra de chatarra en la ciudad de Temuco, para conocer la procedencia de los artículos comercializados, evitar el negocio ilegal de compra venta de cable de cobre e incentivar la denuncia de este ilícito a través del FONO DENUNCIA ANÓNIMA 600 400 0101.

El sector de la Feria Pinto y Av. Balmaceda, donde se encuentran este tipo de locales en la capital de La Araucanía, concentró la acción fiscalizadora. Para Jorge Osses, contador y representante del local de compra y venta de metales ubicado en la intersección de calles Zenteno y Miraflores, este tipo de fiscalizaciones “nos sirve a todos, pues siempre hay que estar preparado”. El comerciante reconoció que “es normal que se ofrezcan artículos de dudosa procedencia, por eso tenemos mostrarios para que nuestros clientes sepan lo que tienen que ofrecer y lo que nosotros vamos o no a comprar”.

En lo que va de este año, la Policía de Investigaciones ha logrado incautar cerca de 200 kilos de cable de cobre, desarticulando a 4 bandas dedicados a este ilícito, materializando “una alianza estratégica entre la Gobernación, el Ministerio Público y todas la instituciones destinadas a hacer controles rutinarios para prevenir el robo de cable desde el tendido eléctrico”, puntualizó el subprefecto de la PDI, Carlos Mol. Al respecto, el Gobernador de Cautín, Miguel Mellado, agregó que dado el alto precio del metal rojo “ha aumentado este ilícito, afectando a la comunidad y, en particular, a las familias que se ven obligadas a quedar sin suministro eléctrico”. La autoridad provincial enfatizó que “a nosotros nos corresponde articular a las instituciones pertinentes para lograr el fin de este tipo de delitos”. Finalmente, Mellado instó a la comunidad a denunciar de manera anónima este tipo de ilícito, en el FONO DENUNCIA SEGURO.

Marco Legal.

El Decreto Ley Nº 2.460 del  9 de enero de 1979, en su artículo 29 establece:

"En las casas o agencias de empeño y en los establecimientos que se dediquen a la compraventa de artículos usados, será obligatorio llevar un LIBRO DE ACTAS DE PROCEDENCIA, en que se anotaran el nombre y los apellidos del vendedor o empeñante, el número de su cédula de identidad y su impresión dígito pulgar derecha, junto con la declaración por la que asegure ser dueño de los objetos que venda o empeñe. Las características de este libro que solo podrá ser revisado por orden judicial o por funcionarios de la Policía de Investigaciones, se ajustaran a las disposiciones del reglamento”.