Explotación sexual infantil: Organizaciones sociales plantean deudas del Estado en prevención

Explotación sexual infantil: Organizaciones sociales plantean deudas del Estado en prevención

18 Mayo 2016

Políticas públicas de prevención contra la explotación sexual infantil es una de las principales demandas de organizaciones sociales que se dedican a velar por los derechos de los menores de edad.

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Este martes se conmemoró el Día Nacional Contra la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes.

Con una intervención artística en el paseo Bulnes, diferentes organizaciones de la sociedad civil llamaron la atención de los transeúntes respecto de esta situación desconocida que vulnera los derechos de miles de niños en el país.

La directora de la ONG Raíces, Denisse Araya, aseguró que el desafío radica en crear conciencia sobre la importancia de denunciar estas situaciones y no endosar la culpa a los niños.

“Es uno de los más violentos abusos de poder que puede ejercer un adulto frente a una niña o niño. Jamás se toca la demanda, en realidad el silencio es realmente importante, es decir, en la medida en que todos nos hagamos cargo de lo que sucede con los niños y niñas podríamos protegerlos y construir un mejor camino para ellos”, aseguró.

Araya acusó que, pese a compromisos pactados en 2004, el Estado de Chile no realiza estudios verosímiles sobre los menores afectados por este delito: “El Estado de Chile está en deuda respecto a que solo el 2004 hicieron un estudio de explotación sexual en distintos ámbitos ya sea en el callejero, en la trata de niñas en viajes o en el turismo y ahí se detectaron 3 mil 418 niños, lo cual creemos que es una cifra ínfima en relación a nuestras investigaciones”.

La directora agregó que la situación de la trata de niños para la explotación sexual es desconocida. En ese sentido, la ONG Raíces determinó que “solo en tres regiones hubo 52 de estos casos en un año”.

Además, destacó que Chile es uno de los pocos países en América Latina que tiene programas de reparación en este ámbito. Sin embargo, dijo que el Estado está al debe promover políticas públicas de prevención y luchar contra la naturalización del problema.