Cuestionan “plazos” en casos de violación de derechos humanos en Dictadura
Representantes de organizaciones de Derechos Humanos de La Araucanía reiteraron que las investigaciones de delitos de lesa humanidad deberían ser permanentes, ya siempre es posible recabar nuevos antecedentes, tal como menciona una investigación reciente.
Luego que se diera a conocer en medios de prensa que el ministro de la Corte Suprema Jaime Rodríguez Espoz, afirmó que el Máximo Tribunal espera cerrar en dos años las causas de derechos humanos, representantes de organizaciones de derechos humanos de La Araucanía dieron su impresión sobre estas estimaciones.
“Lo que se está planteando es de gravedad y nos obliga a ser actores y vigilantes del desarrollo de este proceso. Es de verdad preocupante que la Corte Suprema esté determinando un plazo de dos años para dar por concluidos los juicios actualmente en desarrollo, en circunstancias que el cierre de cada uno de ellos lo determina el agotamiento de la investigación estableciendo la verdad y la justicia que corresponde, y que en ningún caso se puede determinar burocráticamente desde una oficina en base a un plazo calendario, ya que cada caso tiene sus complejidades y su ritmo de investigación y esclarecimiento. Establecer un plazo fijo a priori, es, derechamente asumir la política de la impunidad”, señaló Víctor Maturana del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos de Temuco, CINPRODH.
Por su parte Carlos Oliva, de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos, fue más enfatico en manifestar que “respecto al nombramiento como presidente de la Corte Suprema de Rubén Ballestero, es una nueva muestra de la “democracia pactada" y de bajo estándar que tenemos en el país. La Verdad y la Justicia afecta a los poderosos, la impunidad es una amenaza permanente”, infirió.
150 casos nuevos
En relación a la investigación del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile y el Centro de Investigación e Información que concluyó que habrían 150 nuevos casos de ejecutados políticos en Dictadura, Oliva dijo que “no sorprende que surjan investigaciones que den cuenta de nuevas víctimas -en este caso de ejecutados- sobre todo los primeros meses de la dictadura. En esos meses la represión fue masiva y brutal. Conociendo además la trayectoria de Pascale Bonnefoy (autora del estudio), la información entregada la consideramos de alto valor y rigor”.
Agregó que esta investigación “reafirma nuestra demanda que la calificación de víctima de las violaciones a los derechos humanos debiera permanecer en el tiempo y no designar comisiones que otorguen la calificación en lapsos tan breves, como la última Comisión que no entrego informe, sólo un listado, y no hubo lugar a apelación”.
Por su parte Maturana la calificó como “una revelación de la máxima preocupación y gravedad y obliga al poder políticos a tomas las medidas que correspondan para conocer esa realidad y determinar, sin margen de dudas, qué fue realmente lo que sucedió con esas personas, ya que es muy posible que en sus muertes haya habido intervención de agentes del Estado y si así fuere estaríamos en presencia de nuevos de casos de violaciones a los derechos humanos”, acotó.
Finalmente hizo una reflexión a las entidades de defensa de los derechos humanos. “Esta realidad conocida nos obliga también a nosotros ser exigentes para que se haga claridad. Esta situación demuestra también la vigencia y validez que tiene la exigencia siempre planteada por el mundo de los derechos humanos, en el sentido que las Comisiones Especiales que se crean en éste ámbito, deberían tener funcionamiento permanente y no sólo por períodos de tiempo muy acotados como ha ocurrido con todas las que se han creado”.
