Colegio de Periodistas alerta debilitamiento de instancia que asegura acceso a la información

El Colegio de Periodistas de Chile, a través de su presidente Marcelo Castillo, expresó que el gremio está atento a la decisión que adoptará la Corte de Apelaciones de Santiago sobre el recurso de ilegalidad interpuesto por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) en contra del Consejo para la Transparencia, por un dictamen de este último organismo que le obliga a entregar los correos electrónicos relacionados con la tramitación del proyecto HidroAysén.

El recurso, interpuesto por el SAG ante el tribunal de alzada capitalino en mayo recién pasado, busca dejar sin efecto la resolución 124-11 del Consejo para la Transparencia, generada por una solicitud original del periodista Patricio Segura, en representación de la Corporación para el Desarrollo de Aysén, colega que además es consejero nacional de la orden gremial.

En dicha resolución, el organismo utilizó el mismo criterio de aplicar la Ley de Transparencia a los mails vinculados a la gestión pública, tal como se estableció en dictámenes a organismos como la seremi de Agricultura y Sernatur, también sobre HidroAysén, y la Subsecretaría del Interior con respecto a las tareas de reconstrucción en la provincia de Melipilla, que fue solicitada por el alcalde Mario Gebauer, todos casos en que los entes públicos se negaron a entregar dicha información.

En este contexto Marcelo Castillo recordó que “a la fecha han sido múltiples los dictámenes del consejo que no sólo han permitido a la ciudadanía ejercer control ciudadano de los órganos del Estado, sino que también a periodistas a realizar investigaciones sobre los eventuales conflictos de interés de quienes toman las decisiones, los fundamentos sobre la aprobación de proyectos de inversión y la gestión de los recursos fiscales”.

Agregó que para el Colegio de Periodistas de Chile “es esencial que la Justicia respalde la doctrina de pro acceso a la información que ha mantenido el Consejo para la Transparencia, toda vez que es un mecanismo esencial para evitar la corrupción, los abusos de poder y su ejercicio arbitrario, lo que, en el fondo, permite fortalecer nuestra democracia”.

Por último, también preocupa al gremio la controversia suscitada por nuevos nombramientos en el Consejo para la Transparencia “que según algunos medios de comunicación sería precisamente por estos fallos que habrían incomodado al Gobierno. El Consejo para la Transparencia es un organismo autónomo, independiente y que no merece ser sometido a presión alguna del Ejecutivo, ya que eso menoscaba su credibilidad y autonomía”, argumentó Marcelo Castillo.