Chile: Una Constitución para la Igualdad, la Sustentabilidad y la Democracia ¡Ahora!

Minutos después de la tramposa aprobación de HidroAysén el 9 de mayo pasado, una indignada multitud de dimensiones no previstas por  la Coalición de Defensa de la Patagonia  se congrego en Plaza Italia para marchar hacia la Moneda.  Las marchas Contra Hidroaysén continuaron  durante las semanas subsiguientes, durante las cuales también se inicio las movilizaciones  por la “Educación Pública de Calidad - No al Lucro” El  presidente Piñera y su gobierno debieron enfrentar 21 de mayo, simultaneo a su mensaje a la nación,  masivas marchas y manifestaciones contra Hydroaysén,  por la Educación Pública y diversas demandas sociales, en todo el país, además de enfrentar en el mismo salón plenario del Congreso, el despliegue de lienzos  contra Hidroaysen  por un  conjunto de diputados.

La respuesta del gobierno a la ciudadanía, independientemente de sus demandas, fue la represión policial y el anuncio de crear una Comisión  Asesora Presidencial para  la Matriz Eléctrica.  No obstante  ante la unilateralidad de los integrantes de esta, la ciudadanía  respondió a los pocos días con la creación de una Comisión Ciudadana-Parlamentaria para la Matriz y el Desarrollo Eléctrico, integrada por organizaciones ciudadanas, académico,  diputados y los senadores de la Comisión de Energía y Minería del Senado.

Las movilizaciones sociales continuaron en los meses siguientes,  agregándoos las marchas  “Por la Diverdidad”, el rechazo a la privatización de las sanitarias, a la aprobación de minas de carbón en Isla Riesco;  confluyendo en la paralización  social  convocada por los sindicatos el 24 y 25 de agosto, generándose una de las mayores manifestación ciudadanas desde el paso a la democracia, las que involucraron todas las regiones del país.

Expresión  de las demandas por la educación, la justicia, el desarrollo local, el rechazo a megaproyectos energéticos, mineros, forestales, viales, de expansión urbana, y contra iniciativas gubernamentales que vulneran la soberanía territorial local y el acceso equitativo a los bienes naturales como el agua, y los beneficios de un patrimonio como el cobre,  estas movilizaciones constituyen la expresión de  un movimiento transversal de descontento de diferentes sectores de la sociedad frente a un sistema  económico y político que   decretado  sin  consulta ni discusión durante  el régimen militar,  se ha perpetuado durante los gobiernos de transición  liderados por la Concertación y resguardado por la Alianza, en  beneficio de unos pocos  y en perjuicio de la mayoría de la población.   Lo que  en los últimos  meses se evidencia es  la necesidad de un cambio integral de las reglas del juego en la economía, el acceso y gestión del patrimonio ambiental, la convivencia  y  la participación; esto es una nueva Constitución.

Como  parte del movimiento por las causas socio-ambientales de interés publico, tengo  y tenemos la certeza de que los problemas y conflictos ambientales en Chile  son la expresión  justa y digna  de un pueblo que se resiste a aceptar la destrucción, usurpación, abuso y lucro  como excusas  para la generación de riqueza y empleo para el “chorreo” y el desarrollo. Dicha ideología, sobre la  base de la inequidad, la destrucción ambiental y la ausencia de participación política proporcional  ha provocado un sistema injusto y abusivo y una sociedad capturada y maltratada  cuyos líderes sociales y nuevas generaciones no están dispuestos a aceptar.

Vivimos en un sistema que promueve la destrucción de ecosistemas, la usurpación de territorios y bienes naturales; la agresión, contaminación  y el desplazamiento de comunidades para asegurar el beneficio  de grandes grupos económicos  nacionales y trasnacionales; hecho que evidencia la subordinación del poder político y sus decisiones a los intereses empresariales. Ello contradice el mandato de representación popular y por ello hoy el gobierno de Piñera detenta en las encuestas solo 20% de aprobación, el más bajo de la historia de Chile; y la oposición concertacionista  solo 16%. Esto es un masivo rechazo de los ciudadanos al sector y conducción política.

La Constitución del ’80 fue “convocada, votada y aprobada” en ausencia de registros electorales, sin tribunal calificador de elecciones,  bajo estado de sitio, con persecución de opositores, con la población sin acceso a la prensa, a la propaganda, sin derecho a reunión, y  con tribunales inoperantes.  Esta  Carta Fundamental de  Pinochet ( y debido la cierre del Congreso Nacionales en la época) le permitió validar legalmente, mediante la dictación de decretos,  la Ley Eléctrica, el Código de Aguas, el Código Minero y la desnacionalización del cobre, el despojo de tierras indígenas, el subsidio a las plantaciones forestales ,la privatización de las empresas  forestales, la Ley de Pesca, la Ley de Urbanismo y Construcción,  y la Ley Orgánica de Educación  entre las muchas disposiciones determinantes de la insustentabilidad socio-ambiental y política de nuestro país.

Durante los gobiernos de la Concertación a pesar de que se mitigo levemente el impacto del marco jurídico pro-privado empresarial del régimen militar, se  continuo  aprobando  leyes y  decisiones públicas que han favorecido a las grandes empresas y a la inversión extranjera, en perjuicio de los derechos  de las comunidades, economías y culturas locales, y en contra de sus  decisiones; amparando la destrucción de  los ecosistemas y la biodiversidad de los territorios, sin posibilidad  de beneficios , ni participación popular. Hoy 20 años después, la rebelión es estructural, ante un gobierno liderado por el mismo sector que al interior del sector militar diseño las abusivas reglas del juego económico social y político. Pero también se rechaza al bloque político que administro  estas distorsiones  sin revertirlas.

La opción legítima y más efectiva para asegurar la soberanía popular es el plebiscito nacional, vinculante y de iniciativa ciudadana. Ello, de concretarse, permitiría a la ciudadanía debatir ampliamente y decidir sobre los  las políticas y leyes a impulsar para cambiar  desde los fundamentos de la democracia y el bien común, el marco jurídico de nuestro estado derechos.

¿Se puede? Tenemos la certeza que sí se puede.  Recordemos  este mismo año, mientras el gobierno de Piñera firmaba acuerdos nucleares con Francia y Estados Unidos  y  además completaba la venta de  las empresas sanitarias iniciada por la Concertación, en Italia, mediante  votación, la población frenaba los planes de Berlusconi de privatización del agua potable y de  uso de la energía atómica.

Para avanzar con legitimidad y éxito,  un Proceso Constituyente debe responder a las necesidades  y demandas actuales del pueblo chileno; incorporar  a todos los actores que reprenden dichas necesidades y demandas; y desplegarse simultáneamente y en igualdad recondiciones en procesos regionales  abiertos a todos los sectores y discriminando positivamente a los actores locales , las mujeres y los pueblos indígenas.

Chile puede avanzar hoya hacia una Constitución y una sociedad basada en los derechos humanos, sociales, económicos, culturales y ambientales. Podemos reconstruir una convivencia nacional bajo el principio del bien común y el cuidado de la Tierra.

La inspiración, la fuerza y la gente están. ¡Aprovechemos este momento histórico!

*Texto original de Observatorio de Género y Equidad