La decisión fue confirmada por el Juzgado de Garantía de Collipulli, argumentando que no prestó ayuda a la víctima y que destruyó la única prueba que confirmaría la autoría del hecho.

A la solicitud realizada por el ex funcionario, se opusieron el Consejo de Defensa del Estado, la Defensoría de la Niñez, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la familia de Camilo Catrillanca, además del fiscal jefe de la unidad de Derechos Humanos del Ministerio Público en La Araucanía, Roberto Garrido.

Además de Ávila, son otros tres los funcionarios que son procesados por el crimen de Camilo Catrillanca, Braulio Valenzuela y Patricio Sepúlveda quienes se mantienen con arresto domiciliario parcial, con firma quincenal y arraigo nacional. También el exsargento, Carlos Alarcón, que actualmente se encuentracen prisión preventiva, sindicado como el autor del disparo que dio muerte al comunero.