“Paz en la Araucanía” rezan diversos afiches instalados por latifundistas y empresarios en los caminos, campos y ciudades la Región de la Araucanía. No obstante, algunos de ellos hace pocos días, han declarado que de ser necesario, estarán dispuestos a emplear las armas para defenderse de los posibles ataques que sus terrenos y propiedades puedan ser objeto.

En el contexto de una instancia de diálogo entre el Gobierno y algunos actores del pueblo mapuche, los dichos de los empresarios vienen a aumentar la tensión en un territorio que es escenario de constantes enfrentamientos entre desconocidos y agricultores. Todo esto, a propósito de la férrea defensa por parte de los propietarios de los terrenos frente a las reivindicaciones por las tierras ancestrales del pueblo mapuche, usurpadas con la venia del Estado chileno.

La situación no sólo llama la atención por conminar explícitamente al empleo de la violencia, justificado según ellos por la “legítima defensa”, sino también por las consecuencias de los potenciales actos que pueden ocurrir bajo la consigna de autoprotección que impulsan los latifundistas, la cual podría dejar nuevas víctimas fatales y un quiebre total en las relaciones entre Chile y el pueblo mapuche.

El abogado y observador del proceso constituyente Salvador Millaleo criticó la imprudencia de estas declaraciones, e indica que estos actos lesionan el Estado de derecho y entrampan las iniciativas de diálogo. “Si ellos entienden que pueden de motu proprio determinar cuándo una agresión es ilegítima, cuándo algo es una ofensa para ellos y actuar con vías de hecho de violencia, es algo que amenaza el Estado de derecho y los sitúa a ellos por sobre la democracia y la ley y es algo que deben revisar”, dijo Millaleo.

En la misma línea, el diputado René Saffirio (IND) manifestó su preocupación: “Parece poco razonable que mientras se hacen intentos, aunque frágiles, de encontrar puntos de diálogo para avanzar en los niveles de conflictividad en la Araucanía, puedan sostener una postura de esa naturaleza, porque eso nos lleva irremediablemente a una situación de confrontación, cuyos resultados son imposibles de prever, pero que nada bueno pueden traer a la Araucanía”, indicó el parlamentario.

Por su parte, el diputado Germán Becker (RN) dijo que la situación es preocupante, pero entendible frente a ataques “donde les vengan a quemar la casa o disparar” a los empresarios y sus familias. Advierte que “las policías no han tenido la suficiente capacidad o inteligencia para poder anticiparse a los hechos”, agregando que hay mucho trabajo por hacer al respecto.

El ascenso de un espiral de violencia

La determinación no sólo levanta críticas, sino también motiva a diversas personas a poner sobre la mesa formas de poder resolver esta situación. Sobre todo, si a la par con estos anuncios, existen denuncias de las comunidades mapuche acerca de grupos armados, convocados por terratenientes y algunos empresarios para hacer justicia en sus términos con manos propias.

René Saffirio indicó al respecto que si se quiere encontrar solución a un conflicto que es político, deben concentrarse los esfuerzos en eso y no responder con más violencia que sólo llevará más daño y dolor a la región.

Salvador Millaleo, por su parte, dice que la situación se agrava en la medida que los empresarios no han empatizado con la situación del pueblo mapuche. “(La situación de incertidumbre) es reforzada por la incomprensión que tienen los empresarios de lo que están pidiendo los pueblos indígenas. Esto no se resuelve por una vía de orden y seguridad, sino que básicamente se resuelve con un diálogo donde se reconozcan los derechos de los pueblos indígenas”, expresó el abogado.

Acusan incapacidad de los gobiernos

Las distintas visiones coinciden en la ineficacia que han tenido los distintos gobiernos en llevar adelante los procesos de diálogo para dar fin a los episodios violentos en la región, apreciación que también comparten los empresarios.

José Araya, coordinador del Programa Ciudadanía e Interculturalidad del Observatorio Ciudadano, acota que estos episodios se dan debido a la usurpación de los terrenos mapuche, sobre los cuales los terratenientes quieren ejercer derechos adquiridos de forma colonizadora y violenta a través del tiempo y sobre los cuales se sienten con atribución de defender.

Respecto del rol de las autoridades, Araya enfatiza que urge entablar un diálogo político y señala que “lo que cabe esperar es que tengamos autoridades con competencia en el tema, conscientes de la situación que está ocurriendo y que opten por este diálogo político. En la medida que nosotros tenemos autoridades incapaces de hacerse cargo del tema, una ausencia de una política pública efectiva para hacerse cargo de los derechos ancestrales del pueblo mapuche, siempre va a haber un margen para que personas opten por esta vía de la violencia extrema y el uso de las armas para asegurar su derecho”.

Sin embargo, no existe un total convencimiento que la actual mesa de diálogo vaya en la dirección adecuada. Al menos así lo estima el ex intendente de la Araucanía Francisco Huenchumilla. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile dijo que “se echa de menos que algún ministro del comité político integre la mesa para que los distintos sectores crean que va en serio y no es solo un lavado de manos del gobierno”, arguyendo que la falta de un alto personero político del gobierno le resta seriedad a la iniciativa, que además no quedan claros los objetivos y que los plazos políticos están vencidos debido a la proximidad de los períodos electorales.

Se configura, de esta forma, un cúmulo de tareas pendientes que hoy amenazan con traer a la pauta hechos de violencia en nombre de una defensa cuya legitimidad se difumina en un manto de dudas.