La Presidenta de Humanas dijo que la violencia contra la mujer es un continuo y que durante las manifestaciones se ha desarrollado un patrón de violencia sexual contra las estudiantes secundarias, por su condición de género.

Cuando se conmemora un nuevo 25 de noviembre “Día Internacional Contra la Violencia hacia la Mujer” y los femicidios ocurridos en Chile durante el 2011 ya suman 38, un 67% de las mujeres consultadas por la Encuesta “Percepción de las Mujeres sobre su Situación y Condiciones de Vida en Chile 2011” de Corporación Humanas realizada en todo el país, considera que el gobierno no ha tomado medidas para prevenir la violencia contra la mujer.

Es así que un 54% cree que la violencia contra las mujeres ha aumentado, un 34% dice que se ha mantenido y sólo un 8% asegura que ha disminuido.

Asimismo, un 73% de las mujeres asegura que la violencia hacia las mujeres en las relaciones de pareja es un problema que afecta a todas las mujeres, porque es una expresión extrema del machismo.

En la misma lógica, un 83% de las encuestadas manifestó como preponderante al momento de escoger un candidato, el que éste no cuente con denuncias por violencia intrafamiliar.

La violencia contra las mujeres constituye una de las más graves manifestaciones de la discriminación de género, amparada por un orden social que valida la dominación y el ejercicio de poder y control sobre ellas. Es una grave violación a los derechos humanos, que no puede ser tolerada ni avalada en modo alguno por los órganos del Estado.

La Presidenta de Corporación Humanas, Carolina Carrera, dijo que “nos llama positivamente la atención que un 79% de las mujeres entrevistadas por la Encuesta Humanas dijo que si ve o escucha violencia de pareja en la casa de una vecina denunciaría el hecho, lo que da cuenta de que la violencia contra la mujer es entendida como un problema público y grave, frente al cual existe la responsabilidad social de denunciar”.

Es importante que el Estado de Chile garantice los derechos de las mujeres en todos y cada uno de los ámbitos de la vida nacional (derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales) sin discriminación alguna; como orientar claramente la actuación de todos los órganos del Estado a la prevención de la violencia contra las mujeres, garantizar la protección de las víctimas, detener oportunamente la escalada de violencia y poner fin a la impunidad que caracteriza la comisión de estos crímenes.

Patrón de represión policial

Carolina Carrera plantea que la violencia contra la mujer es parte de un continuo que se agrava en los momentos de conflicto político y que lo que hace es recordar por parte de quienes detentan el poder, lo que ellos consideran el orden de género “natural”.

En ese contexto, Carolina Carrera denuncia que durante las manifestaciones estudiantiles realizadas durante el año en curso, se ha ido conformando un patrón de represión policial contra las estudiantes secundarias, por su condición de género.

Sostiene que no es casual que esta forma de abuso contra las jóvenes estudiantes se repita en los diversos episodios de represión policial, dado que obedece a un orden de género donde la violencia sexual es una herramienta y manifestación extrema de la subordinación, que se expresa de distintas formas, de acuerdo con particularidades históricas y socioculturales, y también en los diversos contextos.

Carolina Carrera dijo que Corporación Humanas ha recibido diversas denuncias de mujeres estudiantes secundarias, que han sufrido abusos policiales con un claro componente de violencia sexual, “en lo que ya se ha constituido en un patrón de conducta policial hacia las mujeres estudiantes, por su condición de género”.

“Vemos con preocupación cómo los abusos policiales que se han generado en las movilizaciones estudiantiles, en el caso de las mujeres tienen una marcada connotación sexual, constitutiva de una violación a los derechos humanos de las mujeres consagrados en tratados internacionales”, señaló Carolina Carrera.

Recordó que la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (conocida como Convención de Belem Do Pará), vigente en Chile desde 1998, prohíbe la violencia física, psíquica y sexual en contra de las mujeres tanto si ocurre en el espacio público como privado, en particular si es cometida o tolerada por el Estado o sus agentes. Asimismo, que Chile está obligado a garantizar, proteger y promover los derechos de niños y niñas consagrados en la Convención sobre Derechos del Niño, como el derecho a su integridad física, psíquica y sexual, entre otros.

Carolina Carrera lamentó que la violencia sexual en contra de las mujeres sea frecuentemente invisibilizada e impune, incluso cuando es cometida por el propio Estado. Recordó que durante la dictadura militar, las mujeres fueron reprimidas, negadas en sus derechos y torturadas de formas específicas, precisamente por ser mujeres, a través de la violencia sexual. “En plena democracia, las defensoras de los Derechos Humanos de las mujeres no podemos permitir que se cometan abusos policiales que nos recuerden la violencia sexual sufrida por las mujeres en dictadura”, aseguró.

Por ello, formuló un llamado a detener la violencia policial con ocasión de las manifestaciones estudiantiles, especialmente la violencia sexual ejercida por agentes estatales en contra de niñas y jóvenes. Además, enfatizó que las autoridades deben investigar a cabalidad estos hechos, sancionar a los responsables y ofrecer garantías de no repetición de estas graves violaciones a los derechos humanos.

En la octava versión de la Encuesta Humanas se entrevistó cara a cara a 1.211 mujeres mayores de 18 años, de 322 comunas de Chile, donde habita más del 99%,8% de la población del país. El diseño muestral es estrictamente probabilístico, sin reemplazos, o sea, es representativo de la población nacional. El error muestral máximo de +/-3.1, considerando un nivel de confianza de 95%.