Opinión: "Desafío a la credibilidad presidencial"

El delito es propio de la condición humana y ninguna institucionalidad podrá hacerlo desaparecer, pero otra cosa muy diferente es que sobre la descomposición política generalizada pueda fundarse una sociedad justa, equitativa y decente.

Imagen de Juan Pablo Cárdenas
705 Lecturas
14 de Junio, 2015 05:06

Debiera ser de sentido común que los onerosos sueldos que reciben ministros y parlamentarios debiera inhabilitarlos para desarrollar tareas en el ámbito privado y, más aun, recibir recursos de cualquier empresa. Sin embargo, a la seguidilla de escándalos político empresariales se suma ahora el descubrimiento de que el actual ministro de las Presidencia rindió “asesorías” a algunas empresas mineras mientras ejercía labores legislativas y formaba parte de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados. Entidad que, incuso, presidió.

En su defensa, el secretario de estado Jorge Insunza alega que no había nada ilegal en su proceder y que nunca esta relación con las mineras influyó en sus decisiones parlamentarias, haciendo gala de un cinismo pocas veces visto pero, sobre todo, en un desprecio absoluto por la ética más elemental. En su propio Partido, el PPD, hay quienes manifiestan su estupor y completo desconocimiento de que todavía hubiese altas autoridades públicas sirviendo a intereses externos, en una práctica que evidentemente amenaza la independencia que debe estar salvaguardada por los elevados ingresos de estos “servidores públicos”. Será, entonces, determinante en los próximos días comprobar si la Presidenta de la República va a exonerar a su ministro del cargo de confianza que le ha asignó o, al retenerlo en su gabinete, legitimará su proceder. Contrariando, por supuesto, el repudio generalizado a este tipo se colusiones de la política y los negocios.

En todo caso, de este nuevo incidente se hace inevitable concluir la poca prolijidad del Gobierno en sus designaciones de cargos y funciones. Es decir, se reitera que el cuoteo político sigue practicándose, pese a esa cínica advertencia que algunos hacen de que solo son el propio criterio y sus prerrogativas los que prevalecen en la designaciones presidenciales. Aunque ya todos pudimos darnos cuenta de la tenebrosa influencia de ese lobista Enrique Correa para disuadir a Michelle Bachelet para que incorporara a su Gabinete a sus más recientes ministros de estado y que, por cierto, están confesos de formar parte del círculo de mayor confianza de Correa.

Si se tiene en cuenta este nuevo episodio como los que han venido sucediendo en los últimos meses de forma transversal en la política, se señalaría como un despropósito mayor que quedara en manos de los partidos y parlamentarios definir una nueva Carta Fundamental. No tan sólo por la falta de probidad probada en éstos, como por la laxitud ética que demuestran al descubrirse los casos de soborno, cohecho, tráfico de influencias y otros. Cuando el dinero se ha entronizado tanto en los medios y objetivos de toda la clase política, confiarle a ésta la nueva institucionalidad del país sería tan arriesgado como encomendárselas a las cúpulas empresariales, cuando lo que demuestran sus más poderosos voceros es su más incondicional apoyo a la Constitución y las leyes de la Dictadura, su compulsivo afán de lucrar y el escozor que le produce, siquiera, una discreta reforma tributaria o laboral.

En las últimas semanas observamos el soterrado intento de la dirigencia política por dilatar las reformas de probidad y discurrir, desde ya, triquiñuelas para sortear una posible disposición que impida más de una reelección en los cargos públicos de elección popular. De esta forma, se hace evidente la necesidad de que la nueva Constitución sea concebida y propuesta por una Asamblea Constituyente, como ratificada por un plebiscito ciudadano. Objetivo que debiera considerar una elección genuina y masiva de nuestros representantes para tal específico propósito en que, por supuesto, el dinero y los de pactos electorales cupulares no interfieran en la voluntad soberana del pueblo.

El delito es propio de la condición humana y ninguna institucionalidad podrá hacerlo desaparecer, pero otra cosa muy diferente es que sobre la descomposición política generalizada pueda fundarse una sociedad justa, equitativa y decente.

*Esta columna fue escrita dos días antes de la renuncia del ministro Insunza.
Versión para impresiónEnviar a un amigo

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de los ciudadanos que los emiten (con nombre, sin pseudónimos). Cualquier opinión que contenga insultos, injurias y/o calumnias no pasará el filtro de moderación.

Comentarios en Facebook

Agregar Comentario

El contenido de este campo se mantiene privado y no se mostrará públicamente.
  • Las direcciones de las páginas web y las de correo se convierten en enlaces automáticamente.
  • Etiquetas HTML permitidas: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <p> <br>
  • Saltos automáticos de líneas y de párrafos.

Más información sobre opciones de formato

Aqui podría estar su imagen. para registrarse, haga clic aquí.

CAPTCHA
Queremos saber si eres una persona y no un robot, por eso responde este siguiente formulario.