Falsos exonerados: Diputados piden renuncia de Ojeda a presidencia de Comisión de DD.HH.
Una ofensiva que incluye acciones políticas y judiciales, dieron a conocer esta mañana los diputados de las Bancadas de RN y la UDI, luego de que se comprobara la entrega de beneficios a falsos exonerados políticos, avalados por certificados emitidos por parlamentarios de la oposición.
“Queremos partir diciendo que en este país sí hubo exonerados políticos y víctimas de la violencia política; pero también queremos decir que el tiempo nos dio la razón y que lamentablemente hubo personas que ocuparon fraudulentamente los beneficios destinados a las personas que efectivamente sufrieron el horror de la dictadura”, dijo la diputada Karla Rubilar, acompañada por los UDI Cristian Letelier y Felipe Salaberry; y los RN Pedro Browne, Leopoldo Pérez y Nicolás Monckeberg.
“Llegó el momento, por el respeto a las verdaderas víctimas, de investigar a fondo y sancionar a los responsables de este abuso y de este fraude. Es por eso que nosotros hemos conformado, como Coalición, un equipo de trabajo destinado a llevar todas y cada una de las acciones, para que logremos una sanción ejemplificadora, que no se puede abusar ni hacer lucro político con un tema tan sensible para el país como lo son los derechos humanos”, dijo Rubilar.
Para Letelier, “cuando el país votó que “No”, lo hizo en el convencimiento de que la gente que iba a gobernar el país lo iba a hacer con probidad, con gente que iba a resguardar y aplicar la ley. Hoy, justo en el día en que dicho conglomerado político celebra el triunfo del No, lamentamos nuevamente hechos de corrupción ocurridos durante los gobiernos de la Concertación”.
“En el caso de los exonerados políticos, hubo un aprovechamiento para obtener fraudulentamente beneficios previsionales para gente que no los merecía. Por eso, como Coalición por el Cambio, iniciaremos todas las acciones que sean necesarias para esclarecer estos hechos de corrupción”, agregó.
Las acciones que llevarán a cabo los parlamentarios son: solicitar un ministro en visita al presidente de la Corte Suprema, un Fiscal con dedicación exclusiva, y acciones ante el Consejo de Defensa del Estado.
“Esperamos que el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, el diputado Ojeda, renuncie a su cargo, porque está incapacitado moralmente de seguir presidiendo esta comisión. Él desestimó en el año 2008 las denuncias y hoy día aparece fuertemente cuestionado por este tema”, anunció Rubilar.
Asimismo, los diputados solicitarán que la Comisión de ética se pronuncie sobre el actuar de los diputados.
Tras esto, Rubilar fue enfática: “El Congreso no ha estado a la altura en dos oportunidades en su Comisión de Derechos Humanos para investigar. Nosotros esperamos que esta vez, en una Comisión Investigadora corta y precisa, sea capaz de superar sus conflictos de interés y sancionar como corresponde e identificar a los responsables políticos de este abuso”, agregaron.
Monckeberg, en tanto, hizo un emplazamiento: “A aquéllos que hace dos años injuriaron a la diputada investigadora Karla Rubilar, que públicamente dijeron que no estaba diciendo la verdad, incluso que atentaron físicamente contra su propiedad, que hoy día sean los primeros en dar explicaciones y pedir disculpas. No vamos a descansar hasta que, quienes han defraudadlo al fisco, no devuelvan hasta el último peso que le quitaron ilegalmente a todos los chilenos”, afirmó.
En la misma línea, Salaberry dijo que “estamos frente a un hecho grave e inmoral. Lo que existe aquí es no sólo una fábrica de votos para parlamentarios de la Concertación, que compraban votos a través de estos certificados, sino la inmoralidad de las autoridades de la época, ministros del Interior, presidentes de la República, que aceptaron la calidad de exonerados a través de certificados entregados por parlamentarios”.
Eso es ilegal, es una irresponsabilidad y es una inmoralidad, y son ellos, no sólo los parlamentarios de la Concertación actuales, los que deberían dar explicaciones sobre la forma en que se aprovecharon de las leyes que aprobó este Parlamento”, remató.
Valparaíso, 5 de octubre de 2011.
