Diputado Joaquín Tuma solicita control urgente de población de lobos marinos

El diputado Joaquín Tuma, ofició al Ministro de Economía Pablo Longueira con la finalidad de solicitar que la Subsecretaría de Pesca en conjunto con el Servicio Nacional de Pesca adopten medidas urgentes tendientes a crear un programa que permita controlar la población de lobos marinos en la costa de la Novena Región.

Tuma aseveró que son múltiples las denuncias de pescadores de las caletas de Puerto Saavedra, Toltén y Queule, que dan cuenta de los graves daños que ocasionan sobre las redes y otros artes de pesca estos mamíferos marinos.

Hay pescadores, aseveró Tuma, que ven con frustración cómo el producto de su pesca es arrasada por manadas de lobos, que rompen sus redes y se comen el poco pescado que logran obtener, frente a lo cual no pueden adoptar ninguna medida para repeler a estos animales por cuanto se trata de una especie que está protegida por el Estado y cuya caza está prohibida.

Es más, aseveró Tuma, los problemas de la pesca artesanal se replican en la pesca deportiva uno de los grandes atractivos turísticos que tiene la zona costera de la Región. He sido testigo, aseveró, de la incursión de familias de lobos marinos por el Río Toltén, hasta más allá de los 25 kilómetros río arriba. Esta situación anómala se produce pues siguen a los cardúmenes salmones y truchas que van a desovar a las partes altas del su afluente, el Río Allipén devorándolos, junto a las truchas salmonídeas que encuentran en su recorrido.

Estas especies, se encuentran protegidas el Estado, aseveró el diputado, y por ello le corresponde al Gobierno adoptar la decisión de mantener esta prohibición de caza, pero indemnizando a los afectados por su medida, en este caso los pescadores artesanales y compensar también a quienes viven del turismo y la pesca deportiva. Si no está dispuesto a hacer aquello, el Estado debiera adoptar medidas de control de la población, desarrollando incluso proyectos productivos asociados a este recurso marino.

La protección de la biodiversidad natural no es incompatible con los derechos de las comunidades, pero para ello se requieren políticas públicas claras y de una actividad de intervención estatal mucho más activa, concluyó el legislador.