Lamento profundamente este asesinato, que llena de dolor al hogar que el sargento Albornoz formaba junto a la también carabinera Marcela Fernández y sus tres hijos, enlutando asimismo a las comunidades de Lonquimay y Victoria. Mi solidaridad con ellos y también con Carabineros de Chile, que suma un nuevo mártir en su larga lista de servidores muertos a mansalva.

Resulta inaceptable que a menos de cien kilómetros de Temuco persista un territorio inexpugnable, en el cual se cometen actos terroristas con armamento de guerra, que se ha convertido en refugio de cuasi-guerrilleros, y desde el cual se lanzan ataques armados hacia el resto de la región.

El Estado de Chile no puede tolerar la existencia de ningún sector de su territorio en el que los representantes de la ley sean permanente y sistemáticamente atacados con armas de fuego.

En las actuales circunstancias La Araucanía no es una región en paz. La paz social es el anhelo de sus habitantes.

Por ahora no puede culparse absolutamente a nadie de este crimen, pues no hay antecedentes para ello. El hecho, en todo caso, tiene ribetes de ser un acto terrorista.

Sería deplorable que organismos que presumen de defender los derechos humanos no se hagan parte en la causa que se incoare contra los asesinos del sargento Albornoz.

Peor sería que llegaran a defender a los asesinos, si éstos llegaran a ser capturados y condenados de acuerdo a derecho, según lo establecido en nuestras leyes procesales y penales.

No emitiré pronunciamiento alguno respecto del éxito o fracaso de las autoridades políticas y judiciales en el enfrentamiento de este gravísimo problema, así como tampoco respecto de los procedimientos y medios con los cuales los carabineros son enviados a estas misiones. A veces es mejor guardar silencio.