¿Cumplió el gobierno el acuerdo con los mapuche en huelga de hambre?

El gobierno ha dicho que no puede hacer nada frente a la huelga de hambre de HectorLlaitul Carrillanca, José Huenuche Raimán, Jonathan Huillical Méndez y Ramón Llanquileo Pilquimán, porque ya cumplió su parte del acuerdo.

Es decir, que hoy todo está en manos de lajusticia, ese impersonal que actúa infaliblemente como el destino, y frente al cual los sereshumanos deben resignarse a todo evento. Como prueba de su inocencia, el gobierno tiene elhecho de que no hay condenados por ley antiterrorista.

Se trata siempre de frases dichas alpasar, por lo que hace falta una mayor explicación, y los mapuche intentan darla en los 30segundos que, bajo condición de provocar algún escándalo, les conceden las cámaras. DonRicardo Ezatti, tras la manifestación en la catedral, planteó que entiende el clamor como unllamado a tender la mano a los que sufren, y que él está en diálogo con el ejecutivo para que loque se ha prometido se pueda cumplir.

Lo que hizo el gobierno tras lograr que los mapuche bajaran su huelga anterior es unaestrategia jurídico-política muy rebuscada: avaló todo el proceso por ley antiterrorista, hasta elfinal, y a la hora de la sentencia se pidió recalificar los hechos como delitos comunes.La razón para que el gobierno procediera de esta manera, que la justicia siguió al piede la letra, es que la eficacia represiva de la ley antiterrorista está en el proceso.

A través deella se puede condenar personas sin probar su culpabilidad (esto en el entendido de que setrata de delitos tan graves que es preferible violentar el debido proceso para resguardar laseguridad de la nación). Efectivamente, sólo gracias a los procedimientos de la leyantiterrorista se pudo obtener una sentencia de culpabilidad para los mapuche: el testimoniode un testigo protegido y la delación obtenida bajo tortura, según alega Jonathan Huillical (la ley antiterrorista permite tener a los detenidos varios días sin ser puestos a disposición deltribunal, lo que da espacio para este tipo de prácticas)

1. El 16 de febrero de 2011, concluido el juicio oral, al pedir la recalificación sólo unasemana antes de la sentencia, el abogado querellante del Ministerio del Interior, Guillermo Leyton, planteó que el gobierno “tiene la convicción de que los hechos que se imputanocurrieron, pero que en ningún caso son de carácter terrorista”. El problema es que a esaconvicción los jueces llegaron a través de los procedimientos de la ley antiterrorista. De ahí larazonable petición de los mapuche de anular el juicio y hacer otro por delitos comunes, queera lo que el sentido común aconsejaba para cumplir los compromisos de la huelga de hambreanterior. ¿Es mucho pedir un debido proceso, o es que el gobierno no cree en la eficacia de lajusticia penal ordinaria?

 La condena por delito común es entonces una fachada. Además en las condenas porley común es posible gravar las penas al extremo, como se hizo, de tal manera que pasarán 20-25 años presos por delitos en que no hubo daño mayor y no hay heridos de gravedad.Cuando los comuneros llevan 50 días en huelga de hambre, Pilatos sigue lavándose lasmanos, no sin antes señalar que “no encuentro en él ningún delito que merezca la muerte”,y Pilatos hemos sido todos, como sociedad, Iglesia y gobierno, permitiendo tratar la justareivindicación territorial mapuche como terrorista. ¿Es mucho pedir un juicio justo?

Hoy la Corte Suprema debe anular este juicio y no lavarse las manos.

Comisión Nacional de Pastoral Mapuche Zona sur.