Mapuche de Lican Ray rechazan nueva instalación de planta de tratamiento de aguas servidas

Según Margarita Cabrapan, integrante de la comunidad Remigio Cabrapan Manquel, se han manifestado en contra del proyecto, pues “nos afectaría gravemente, ya que vivimos cerca del río y absorberíamos la contaminación que generarían los desechos que se arrojen al estero Melilahuen”, explicó. 

Refiriéndose a la contaminación generada por la empresa Aguas Araucanía en otras comunidades mapuche de la región de la Araucanía, Margarita Cabrapan manifestó que “es un abuso, porque nunca se respeta los derechos de las comunidades mapuche, sobre todo con este tipo de proyectos que van en desmedro y empeoran de las condiciones de vida de nuestras familias. Somos más de doce las comunidades las que nos oponemos categóricamente y no queremos que se haga sobre terrenos de nuestras comunidades ya que seremos los más afectados”, indicó Margarita Cabrapan. 

En esta misma línea, Remigio Cabrapan, integrante de la misma comunidad, dio a conocer que, él es uno de los propietarios que vive “a orillas del río Melilahuen, además este afluente llega a la desembocadura del lago Calafquen y la contaminación de la planta afectará directamente el turismo de la comuna. Los olores van a ser insoportables una vez que empiece a funcionar la planta y el agua no se va poder ocupar, a la larga va a producir efectos nocivos sobre la salud de la personas”, explicó Remigio Cabrapan.

Por su parte Heraldo Antilef, dirigente de la comunidad Felipe Huenulef, expresó que el polémico proyecto dañará gravemente el turismo de Lican Ray, debido a que “el río Melilahuen, es el principal afluente del Calafquen y esta comuna vive del turismo que se genera en torno al lago”, afirma Heraldo Antilef.

Finalmente Ramona Quimen, integrante de la comunidad Rudecindo Ancalef expresó que aunque las empresas y las autoridades manifiesten que el polémico proyecto de Aguas Araucanía traerá progreso y desarrollo para Lican Ray, “estamos enterados de que esta misma empresa ha instalado plantas de tratamiento en otras comunidades mapuche de esta región con graves consecuencias para las familias. Nuestra comunidad colinda con río, por eso haremos efectivo nuestro rechazo a través de documentos y distintas formas de manifestación en las semanas siguientes”, concluyó.

Un poco de historia

La instalación de esta nueva planta de tratamiento de Aguas Servidas se relaciona directamente con episodios anteriores de racismo ambiental, donde diversas familias de comunidades Mapuche se han visto afectadas por las descargas y desechos urbanos, como es el caso de las plantas de aguas servidas en diversas comunas. En la actualidad, al menos 9 de las 16 PTAS construidas, están al interior de comunidades mapuche o en un radio de impacto de 2 kilómetros, afectando a más de 40 familias.

La primera reclamación que presentó una comunidad mapuche por los daños que estaba sufriendo por la existencia de un basurero municipal en sus tierras fue en el año 1993 ante la CONADI. En el año 2000, 16 comunidades afectadas por el basurero de Temuco en el sector de Boyeko, envió al Ministro Secretario General de la Presidencia , Álvaro Gareiz, presidente de la CONAMA, una carta solicitando el cierre del basurero, sin que dicho ministro hiciera nada al respecto.

En el año 2003, se denunció ante el relator especial para la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas de la ONU, la existencia de basurales en comunidades mapuche. El año 2009, representantes de comunidades afectadas por plantas de tratamiento de aguas servidas, exigieron al comisionado para asuntos indígenas del gobierno de Chile, Rodrigo Egaña, se haga cargo del racismo ambiental, cuestión que fue desechada por el enviado del gobierno.

Finalmente, y tras innumerables intentos y gestiones hechas para sensibilizar a las autoridades de gobierno por la situación de contaminación permanente, al no ser acogida la demanda de comunidades y familias, éstas apoyadas por organizaciones ambientales y sociales y por profesionales y técnicos de diverso ámbito, presentaron el 2007 una denuncia por racismo ambiental ante el comité para la eliminación de la discriminación racial de la ONU (CEDR), organismo que luego de recibir los informes y conocer la problemática directamente a través de enviados de las comunidades y familias, hizo recomendaciones precisas al estado de Chile en el documento 

Observaciones finales del comité para la eliminación de la discriminación racial” del 25 de agosto del año 2009  

En el marco del 75º Periodo de Sesiones del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, a finales de agosto de 2009, dicho comité instó al Estado de Chile a aplicar una política específica tendiente a resolver la problemática de contaminación, producto de la instalación de plantas de tratamiento y vertederos sobre comunidades mapuche en el sur de Chile.

23. El Comité reitera su preocupación ante la situación de las comunidades mapuche en la región de la Araucanía, afectadas por actividades perjudiciales para el medioambiente, la salud y sus formas tradicionales de vida, entre otras razones, por la instalación de basurales dentro de sus comunidades y por los planes para el establecimiento de plantas de aguas servidas (Artículo 5)

El Comité exhorta al Estado parte a no escatimar esfuerzos tendientes desarrollar una política específica, conforme a los estándares internacionales, para solucionar los impactos ambientales que afecten a los pueblos indígenas. Para este fin, el Comité recomienda que sean efectuados regularmente estudios científicos de evaluación. El Comité recomienda también que el Estado parte revise su legislación sobre la tierra, el agua, las minas y otros sectores para evitar que puedan entrar en conflicto con las disposiciones de la Ley Indígena No.19.253 y, a garantizar que primará el principio de protección de los derechos de los pueblos indígenas por encima de los intereses comerciales y económicos. El Comité exhorta al Estado parte a tomar medidas inmediatas para resolver el problema de los basurales que fueron instalados en las comunidades mapuche sin su consentimiento previo.