Crónica del violento allanamiento policial a la comunidad Wente Winkul Mapu en Ercilla

Eran cerca de las 7 de la mañana del pasado jueves (18 de agosto), cuando un fuerte contingente de Fuerzas Especiales de Carabineros irrumpió sin previo aviso en la comunidad Wente Winkul Mapu, ubicada en el sector de Chequenco, zona norponiente de la comuna de Ercilla, en la Región de la Araucanía.  Durante el operativo, en que no se exhibió orden judicial alguna, los efectivos violentaron a hombres, mujeres y niños; rompieron puertas y dejaron orificios en las paredes; y además se llevaron materiales de trabajo, vestuario y dinero en efectivo.

Daniel Melinao, werken de la comunidad, nos recibió en su casa, junto a su pareja y dos integrantes de la comunidad.  En relato pausado y sereno, nos entrega detalles del allanamiento del que fueron objeto la semana pasada, el más grande y violento operativo policial que ha tenido lugar en el último tiempo en una comunidad mapuche.  “Entraron de forma muy violenta al interior de las casas.  Como pueden ver, me destruyeron la puerta; y todo lo que estaba a su paso, prácticamente”, relata el dirigente.  Y luego añade que alcanzó a escapar minutos antes de que los uniformados llegaran a su casa, y evitar así ser maltratado.

Distinta suerte corrió Lilian Erice, pareja de Melinao, quien estaba en el inmueble y debió soportar ser incluso apuntada con armas por los efectivos.  “Rodearon mi casa, me sacaron para afuera, me apuntaron. Entraron como seis carabineros al interior; al entrar vi la puerta rota y la cocina dado vuelta”, relata.  Denuncia que la tenían agarrada y que la ingresaron y la sentaron en el sillón, apuntándola y siempre vigilada por dos uniformados.  Recuerda que otros seis recorrían la casa en busca de supuestas armas, “dando vuelta todo”, y que al mismo tiempo la amenazaban e insultaban con frases tales como “donde tenís el arma c. de tu m.”. También fue agredida, por un policía que le bofeteó la cara.  Al retirarse le pidieron firmar un papel que ella se negó, y se lo dejaron en la mesa.

Dineros sustraídos

En el marco de este violento procedimiento policial, los afectados acusan además que carabineros sustrajo dinero en efectivo de las casas allanadas, lo que esperan éstos reconozcan y sean devueltas a sus propietarios; al igual que herramientas de trabajo que les fueron confiscadas, tales como hacha, botas, vitales para desempeñar sus labores y que claramente, insisten, no constituyen elementos de prueba de ninguna cosa.

Francisca Marileo Toledo, afectada por estas sustracciones, acusa que durante el operativo desaparecieron 120 mil pesos de una cartera que tenía colgada en su habitación.  Muy indignada cuenta que al llegar a su casa -esa noche alojó en casa de su hermana-, encontró “todo dado vuelta y las carteras con las cosas desparramadas”.

Su hijo Zenon Neculpan, quien sí estaba en el hogar esa mañana junto a su padre José Neculpan, agrega que además se llevaron botas y casacas de gendarme, que es el vestuario de trabajo de su hermano. “Hicieron destrozos en la pieza y a mi hermano le sacaron todo”, se lamenta.  Pues los efectivos no dejaron copia de ningún documento que diera cuenta del decomiso, es decir, donde “certificaran nosotros llevamos esto. Anotaron ellos, pero ese papel no lo entregaron”, señala.  En todo momento los policías actuaron con violencia, detalla, y que él incluso se opuso a la entrada de los uniformados porque no le exhibieron orden de allanar, pero entre cuatro lo redujeron.

Cristian Pablo Melinao Melinao, también acusa de sustracción de dinero.  “Me robaron cincuenta mil pesos, más la cédula de identidad y la billetera”, señala enfático.  El tampoco estaba en la casa durante el ingreso de los uniformados, y fue su madre, María Marileo Melinao (56 años), quien sufrió las consecuencias de la violencia.  Cuenta que la trataron de “india cochina”, y le gritaban de modo desafiante: “dónde está tu hijo terrorista, que tiene armas”, pero nos mira y nos explica que ellos lo único que tienen, es pobreza.  Finalmente, denuncia que una persona de civil que integraba la comitiva tomó la bandera mapuche que poseía en su casa, y que con una cuchilla la rompió y se la llevó.

Niños amedrentados

En otra vivienda nos encontramos con la niña de iniciales C.L.L. (seis años), que se nos acerca y nos cuenta que estaba con su mamá y su abuela cuando ingresó la policía.  “Sintió un poco de miedo”, explica, y luego con mucha personalidad narra que los carabineros desordenaron todo, botaron la ropa y revisaron su mochila donde tenía “mis cuentos”.  Y es que no es la primera vez que le toca vivir, tamaña experiencia, a tan temprana edad.  El 02 de agosto de 2010, durante un operativo similar en su vivienda detuvieron a su padre, Leonardo Lican (26), quien permaneció 15 días incomunicado en la cárcel de Temuco, acusado de incendiar un camión en Pidima y que tras un año de prisión, fue declarado absuelto de todo cargo.  

Lican asegura que existe una persecución en su contra, pues no es primera vez que se le ha acusado de cargos varios, y en todas ha sido absuelto.  “En varias ocasiones me han tratado de tener preso, pero no han podido porque no han encontrado ningún antecedente con que me inculpen”, y explica que se les persigue solo porque demandan tierras ancestrales de la comunidad, hoy en manos de la forestal Mininco, forestal Cautín y particulares.  Cabe consignar que otro operativo, hace más de un año, al comunero le fue incautada una camioneta marca Chevrolet y recién este próximo viernes 26 de agosto tendrá una audiencia en los tribunales de Collipulli.  

Encapuchados, medios y policías investigados

Respecto a la imagen que mostró TVN en su noticiero central al día siguiente del operativo, el viernes 19 de agosto, donde un encapuchado aparece disparando, todos los entrevistados las califican de falsas. Consideran que todo esto forma parte de un montaje, porque la comunidad nunca ha tenido arma.

“Nunca hemos tenido y nunca vamos a tener tampoco”, señala enfático Leonardo Lican, quien agrega que solo se usa el Wexupurawe (boleadora).  “Los que están mostrando por la televisión es para inculpar a los mapuche y para que haya más allanamiento”, explica Lican.

Cuestionan la forma en cómo los medios de comunicación informan y acusan a carabineros de facilitar en estos operativos la presencia de medios que llegan al lugar, como TVN o El Mercurio, pero lo impiden a Radio BioBio, como ocurrió durante este último allanamiento.  En ese sentido, el werken Daniel Melinao explica que en la zona carabineros hace de las suyas, dejando ingresar a los medios que “no muestran lo que verdaderamente estaba sucediendo ese día en la comunidad”.

Los comuneros mapuche víctimas de este nuevo violento procedimiento policial cuestionan a su vez “el tipo de personal que envían a la zona, para allanar sus humildes casas”.  En particular se refirieron al Teniente de Fuerzas Especiales de la Prefectura de Malleco, Alejandro Sáez, quien ese día habría resultado herido en uno de sus brazos y que fue internado en el hospital de Temuco.  Este mismo oficial estuvo investigado por cuasidelito de lesiones graves hace dos años, por perseguir y herir gravemente con una motosierra al cabo segundo José Vilugrón, en el patio central de la Comisaría de Fuerzas Especiales.

Acciones legales y parecer del Observatorio

Por su parte el abogado defensor Nelsón Miranda, quien lleva varias de las causas seguidas contra miembros de la comunidad, calificó los hechos acontecidos como totalmente “desproporcionados”, que recuerdan los tiempos en que las policías tenían orden amplia de investigar.  Aclara que “fue una acción indiscriminada de allanamiento a 16 casas, sin encontrar ninguna prueba incriminatoria, y en la cual  solo se incautó botas, herramientas de trabajo, cartuchos de una escopeta debidamente inscrita y dinero efectivo”, por lo que emprenderán acciones legales para esclarecer “las irregularidades del procedimiento”, señala.

Otra hecho que preocupó a los comuneros, es que nunca vieron al fiscal César Chivas en el operativo, y es él quien está a cargo de las investigaciones de varias causas que afectan a comuneros de la comunidad y quien habría solicitado el allanamiento, el que fue otorgado por el juez Claudio Campos Carrasco de Collipulli.

Finalmente José Aylwin, co-director del Observatorio Ciudadano, ante los hechos narrados repudió la forma del procedimiento, “pues en vista a los testimonios, no existe respaldo legal por ejercer violencia excesiva contra sus moradores, así como el hurto del dinero y a la escalada de violencia que el estado ha iniciado y que por tanto es responsable de revertir”.