Los organismos aseguraron que ninguno de los ejes destacados por el Ejecutivo apuntan al problema real de los pueblos indígenas.

El ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Larroulet, encabezó la primera sesión del Consejo Interministerial de Asuntos Indígenas.

Esta instancia, creada por decreto por el presidente Sebastián Piñera, reúne a todas las carteras que destinan recursos y programas dirigidos a pueblos originarios.

Al término de la cita, Larroulet señaló que “podemos decir con satisfacción que cumplimos con el compromiso del presidente, ya que dijimos que íbamos a cambiar la política de los pueblos originarios, reconociendo y valorando la enorme riqueza que tienen para Chile”.

El positivo balance entregado por la autoridad se basó en tres ejes: retomar el diálogo con los pueblos originarios, entrega de tierras con apoyo productivo, y reconocimiento y valorización de su cultura.

Larroulet, en compañía de autoridades de los ministerios de Obras Públicas, Cultura, Agricultura y Desarrollo Social, y de los directores del Consejo Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) y el Instituto de Desarrollo Agropecuario, sostuvo que continuarán con estas políticas públicas dirigidas a la población indígena.

“Es seguir consultando para el  perfeccionamiento de la institucionalidad en materia de pueblos originarios, además de seguir fortaleciendo todas las iniciativas que promueven el emprendimiento, las oportunidades de educación, de salud por parte de los pueblos originarios”, indicó el ministro.

Un balance que no fue compartido por la codirectora del Observatorio Ciudadano, Nancy Yáñez, quien afirmó que “ninguno de esos tres ejes responde a los problemas de fondo que tensionan la relación entre el Estado y los pueblos indígenas, como es el tema de la tierra, en eso se observa que no hay ningún avance. Tampoco en el ámbito de los derechos políticos, a través de los cuales los pueblos indígenas pueden definir proyectos  de desarrollo y proyectos civilizatorios en su territorio, eso supondría una política pública con un enfoque de derecho”.

Yáñez agregó que, “el Estado está dando cuenta de una política asistencialista, donde se concibe el problema indígena como un problema de pobreza y, por lo tanto, el Ejecutivo pretende resolverlo inyectando un poco más de recursos”.

La codirectora del Observatorio añadió que lo que corresponde en el caso de los pueblos indígenas es una política con enfoque de derecho y, en este sentido, los tratados internacionales suscritos por Chile son claros.

“Establecen que el Estado debe responder a la demanda histórica de tierra de los pueblos indígenas y establecer mecanismos para que controlen sus territorios, de modo que las propuestas de desarrollo que ahí se implementen correspondan al sistema de vida y costumbres de los indígenas y no amenacen, como ocurre con las propuestas de desarrollo que suelen implementarse en sus territorios”, indicó Yáñez.

Por su parte, Enrique Antileo, de la organización mapuche Meli Wixan Mapu, dirigió sus críticas al balance de Gobierno a la continuidad de la actitud represiva hacia las comunidades mapuche en el sur del país.

Antileo también manifestó que el tema de la tierra va más allá de entregar una u otra hectárea, sino que en otorgar autonomía política y territorial.