Informe sobre violencia institucional hacia la niñez mapuche en Chile evidenció violaciones de Derechos Humanos

Medio centenar de casos que evidencian la violencia institucional hacia la infancia mapuche desde el año 2001 a la fecha, reporta el Informe sobre Violencia Institucional hacia la Niñez Mapuche en Chile, que propone abordar el conflicto político de fondo que obliga al Estado de Chile a iniciar un diálogo abierto con las comunidades mapuche que demandan la restitución de sus derechos territoriales despojados.

El texto elaborado por la Fundación Anide, Red de ONGs de Infancia y Juventud de Chile y Red Latinoamericana y Caribeña por la Defensa de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes; presenta 39 casos de niños, niñas y adolescentes mapuche vulnerados en sus derechos, 10 registros de personas menores de 18 años mapuche privados de libertad en el contexto de la protesta social mapuche por la recuperación de sus tierras ancestrales y testimonios de casos de violencia institucional en comunidades mapuche de Lautaro y Ercilla.

Violación sistemática de los DD.HH

En el mismo, en una descripción detallada de las legislaciones nacionales e internacionales en la materia y las peticiones que se han realizado al Estado Chileno, el informe concluye que se deja en evidencia las violaciones a los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes mapuche no se han detenido.

“El análisis y enumeración de casos demuestra además que la situación de la niñez mapuche se ha visto agravada en el último período producto del trato policial y de los mecanismos judiciales a que se encuentra expuesta. En este sentido cabe esperar de los organismos internacionales que respalden las demandas formuladas por la sociedad civil en términos de que se ponga fin a la militarización de las comunidades mapuche movilizadas; se adecuen los protocolos de las policías que regulen el uso de la fuerza y resguarden los derechos de la niñez; se promulgue una Ley de Protección Integral de la Niñez y se establezca la figura del Defensor Autónomo de la Niñez; y que, por supuesto, se aborde el conflicto político de fondo que obliga al Estado de Chile a iniciar un diálogo abierto con las comunidades mapuche para restituirles los derechos territoriales de los que fueron despojados”, puntualiza el reporte de las organizaciones preocupadas de los derechos de la infancia.

Según José Horacio Wood, director de Fundación Anide, en junio de 2010 la ONG comenzó a un plan para visibilizar ante la sociedad nacional e internacional las graves violaciones a los derechos humanos que afectan a los niños y niñas y adolescentes de las comunidades mapuche en conflicto con el Estado chileno por la recuperación de territorio ancestral.

En este contexto –añadió Wood- se realizaron visitas a comunidades mapuche de las comunas de Ercilla, Lautaro y Padre Las Casas, en la Región de la Araucanía. También se desarrollaron talleres de reparación de daño psicosocial con niños y niñas de dos comunidades y, con la colaboración de organizaciones de derechos humanos y el testimonio directo de dos comunidades que accedieron a ser parte de la denuncia, se recopilaron episodios documentados desde el año 2001 en que agentes del Estado de Chile aparecen como autores de abusos, violencia y violaciones a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes mapuche en el marco del conflicto.

CIDH

Cabe destacar que el material recopilado permitió la presentación del informe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en audiencia temática realizada el 25 de marzo de 2011, con participación del Relator sobre Derechos de la Niñez, Paulo Sérgio Pinheiro, y la Relatora sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Dinah Shelton.

Finalmente se pretende que este informe se convierta en un documento que pueda ser usado como insumo para la denuncia e incidencia de organizaciones mapuche, organizaciones que trabajan en derechos de la niñez, e instituciones y organismos de derechos humanos, en un esfuerzo conjunto para poner fin a la violencia del Estado contra las comunidades mapuche y asegurar para sus niños, niñas y adolescentes el respeto de los principios enunciados en la Convención sobre los Derechos del Niño.