Desde ahora: Ciudadanos tienen claros sus derechos en Intendencia
Hoy -más que nunca- los ciudadanos del país exigen conocer sus derechos. En ese marco la Intendencia de La Araucanía dio a conocer la Carta de Los Derechos Ciudadanos.
Ciudadanos informados y que conocen sus derechos es la apuesta de la Intendencia de La Araucanía que -desde esta semana- se encuentra difundiendo su nueva Carta de Derechos Ciudadanos.
La idea nace de un Proyecto de Mejoramiento a la Gestión en que venían trabajando los funcionarios del Servicio hace varios meses.
El intendente de La Araucanía, Andrés Molina, explicó que esta información está disponible a través de volantes y una gigantografía en las paredes de las oficinas en que se atiende público en Prat 535.
Derechos ciudadanos
Según sea el trámite, usted tiene derecho a:
1. Que sus consultas y opiniones sean respondidas dentro de 10 días hábiles.
2. Que sus reclamos sean respondidos dentro de 15 días hábiles.
3. Que sus solicitudes de acceso a la información (ley 20.285) sean respondidas en un plazo máximo de 20 días hábiles, ampliables a 30 días previa información a usted que la institución requiere de mayor cantidad de días para completar adecuadamente la respuesta.
4. Enviar a través de la Intendencia, reclamos al Consejo de la Transparencia, en relación a denegación de información en que haya incurrido algún Servicio Público de la región.
5. Realizar un reclamo, en caso de error u omisión de algún funcionario(a) en la entrega de servicios o información, ya sea por escrito, en forma presencial, o vía e-mail,
En caso de errores cometidos por la institución usted deberá recibir oficialmente las disculpas de la autoridad regional o provincial, además de una solución adecuada y rápida a los eventuales errores administrativos que pudieren cometerse por los funcionarios a cargo del trámite.
Si usted considera que una solicitud de acceso a la información presentada no fue respondida en forma adecuada, puede presentar un reclamo ante el “Consejo de la Transparencia”, organismo que es la última instancia de decisión respecto de la Ley 20.285.
