Distribución de fondos de cultura y deporte genera quiebre en el Consejo Regional
La Contraloría General de la República decidirá el desenlace final de los recursos, luego que tres consejeros denunciaran que se habría favorecido a comunas ligadas al Gobierno.
El quiebre parte cuando los consejeros regionales Marcelo Segura (PPD), Juan Muñoz (PS) e Hilario Huirilef (PPD) presentan en Contraloría antecedentes que graficarían posibles irregularidades en la repartición del Fondo de Cultura y Deporte correspondiente al 2 % de presupuesto regional.
A juicio de estos consejeros, “no se habría respetado el reglamento interno y el acta de la comisión evaluadora nunca habría llegado al Consejo Regional”, según dijo el consejero PS, Juan Muñoz.
“El acta arroja calificaciones y observaciones. Y eso no llegó al Consejo. Además hubo muy poco tiempo para debatir el mensaje del Intendente (…) distribuir 1.400 millones de pesos en 24 horas no lo hace ni Superman”, añadió el consejero.
A juicio de estos tres consejeros, existía un acuerdo previo entre el ejecutivo (el intendente Andrés Molina) y algunos consejeros ligados al Gobierno. “Lo que nosotros sostenemos es que aquí había un acuerdo anterior (a la votación) entre el ejecutivo y algunos consejeros. Si uno ve la propuesta del intendente y la votación posterior, se da cuenta que es casi calcado”, sostiene Muñoz, añadiendo que las comunas favorecidas son aquellas ligadas a RN, la UDI y la Democracia Cristiana.
La acusación generó que el consejero Manuel Aravena (DC) afirmara que los denunciantes están actuando bajo la línea del “guirardismo”, lo que ha significado un quiebre en el Consejero Regional, sobre todo entre los consejeros del PPD y la DC, agudizado por las diferencias políticas que ambos partidos mantienen al interior de la Concertación por el futuro del conglomerado.
De esta forma, será Contraloría la encargada de dirimir el futuro de los recursos de Cultura y Deporte, que de acuerdo a las bases debiera estar entregando a mediados de agosto el dinero a las organizaciones y municipales beneficiadas, situación que podría postergarse en caso que el órgano contralor encontrará algún tipo de irregularidad en la aprobación de los proyectos.
