Uno de los aspectos más cuestionados del actual régimen de financiamiento de la educación, es el sistema de créditos, que fue instituido por la reforma del año 81, dijo Luis Eduardo González, académico y analista del Barómetro de Equidad.

Indicó que como lo proporción de becas en comparación con los créditos es muy baja, la educación universitaria la financian los propios estudiantes a costa de un altísimo endeudamiento personal y familiar, siguiendo de esta manera la concepción de la rentabilidad privada con que fue diseñado.

A modo de ejemplo, realiza un ejercicio del costo final de la carrera de Medicina, con alta demanda de los estudiantes: “el valor total es de 37 millones de pesos, que sube a 42 millones con el Fondo Solidario de Crédito Universitario, a 53 millones con el Crédito con Aval del Estado, y a 60 millones con el crédito Corfo. Este último valor equivale a 381 sueldos mínimos, es decir, el equivalente a 32 años de vida laboral".

“Es decir, un trabajador que gana el sueldo mínimo, y cuyo hijo pide un crédito Corfo para estudiar Medicina en una universidad privada, tendría que trabajar 32 años de su vida para poder pagar la carrera de su primer hijo que va a la universidad, considerando su sueldo completo, sin comer, sin vestirse, sin gasto en locomoción… Eso explica el respaldo de las familias al reclamo de sus hijos; por eso la gente está en la calle, por eso la gente está con las cacerolas”, señaló enfático.

González, quien es además consultor de Unesco y la OCDE, señala que el modelo tradicional  -antes de la reforma de 1981-  estaba pensado en las demandas de la sociedad, se creaban las cerreras que interesaban para el desarrollo del país y no las que generaban mayor demanda de matrícula y por ende mayores posibilidades de autofinanciamiento.

La investigación estaba mucho más orientada hacia el desarrollo científico, al crecimiento del saber y del país, mientras que actualmente la investigación se centra en la transferencia de las demandas que hacen quienes pueden solventar investigación en general, y se hacen los convenios con empresas, públicas y privadas, pero se “pragmatiza”  la investigación. Los ejes son muy distintos, manifestó.

Hoy por hoy, la Universidad se ha transformado en una entidad al servicio de los clientes, en esta lógica de mercado, dice.

Y destaca los ejes de discusión que han cruzado el debate del movimiento estudiantil, de los académicos y que ha llegado al Congreso: el financiamiento, los gastos para la educación superior, el tema del lucro, la calidad, el acceso y equidad, y el rol del Estado.

En relación al lucro, señala que la educación  superior está definida por la Unesco,  y aprobada por Chile como país, es un derecho: “todos los ciudadanos tienen derecho a tener educación en todos los niveles. La Unesco no dice que las personas tienen educación primaria y no tienen educación técnica. La educación es un derecho y el Estado tiene que hacerse responsable de ese derecho.  Esa lógica se contrapone con la lógica de la educación como un sistema de mercado, en el cual los que tienen posibilidades de pagar, pagan. La lógica del mercado subsidiado que ha imperado en Chile, dice que vamos  a darle un podo de educación primaria y secundaria en chile a los ciudadanos, pero la terciaria no porque le genera buenos ingresos a los privados. Entonces no corresponde que lo den. Por eso no lo financian. Estas lógicas son irreconciliables”.

“Llegan a la universidad muchos menos de los que debieran llegar, y eso está oculto. El sistema educacional chileno discrimina desde primero básico, y lo sigue haciendo hasta que los jóvenes llegan a la educación superior”, acotó Luis Eduardo González.

Y refuta los argumentos que destacan que los del primer quintil han subido de 4 a 17% en representatividad, “pero los del quinto quintil que son los más ricos, han subido de 40 a 80!!  Es decir, 8 de cada 10 de esos jóvenes ingresan a la educación superior, el que no ingresa, no quiere estudiar. En cambio un joven que nace en un ambiente de vulnerabilidad, le cuesta muchísimo, uno de cada 5 apenas logra llegar a la educación superior. Ese es un mapa, ese es un gráfico de país que muestra la desigualdad que existe en Chile”.

En cuanto al Estado, a su juicio no ha asumido el rol que comprometió con la Unesco, de ser una entidad que promueva el derecho a la educación que tienen todos los chilenos. No se lo ha tomado en serio y ha buscado una triquiñuela de entregarle a las manos privadas la posibilidad de hacerlo.

Lo que el Estado ha hecho desde la legislación del 80 hasta hoy día es hacer cambios cosméticos al sistema, pero no se ha podido cambiar porque tiene una categoría de Ley orgánica constitucional, que requiere un quórum calificado de cerca de un 70%. Ello explica que se hayan producido tan pocos cambios después del 80, y que ese modelo se preserve y esté prácticamente intacto.

Hernán Frigolett: “rentabilidad a partir de fondos públicos”

Por su parte, el economista Hernán Frigolett indicó que en el sistema universitario  hay una  matrícula es de 290 mil alumnos (Cruch),  en el sistema privado bordea los 310 mil alumnos, y en el ámbito de formación técnica e institutos profesionales hay 400.00 matriculados.

En la educación escolar, un tercio está en el sistema municipalizado, más cercano al sistema público, gestionado por el Estado, y aproximadamente dos tercios tienen un sistema de gestión privada, pero con fuerte financiamiento estatal.

A juicio del economista, allí están los puntos más fuertes de discusión,  en término de las condiciones del lucro, porque hay colegios particulares subvencionados que son financiados en un 100% por fondos estatales y que generan una tasa de rentabilidad que es equivalente a la de otros sectores económicos en los cuales se mercantiliza  la producción: “hay un mercado en el cual yo vendo mis productos y genero tasas del orden de un 20 a un25% de rentabilidad”.

Los establecimientos particulares subvencionados están en la misma condición -señaló- con rentabilidad en función del capital que arriesga el sostenedor, la rentabilidad que obtiene exclusivamente con fondos públicos es del orden del 20 al 25%. Y allí hay un efecto que es perverso porque hay una doble tributación, en el fondo,  con los impuestos los ciudadanos están financiando la tasa de ganancia en ese sector.

A nivel universitario, la beca Gómez Millas es una de las más altas y su tope está en un millón 150 mil pesos anual, pero  -explica-  el arancel más barato es de un millón 700 mil pesos, entonces la beca cubre dos tercios del costo de la educación. Como se financia el otro tercio?  Se puede ir al fondo de financiamiento universitario, al crédito con aval del estado. Hay una lógica que obliga a ir a buscar financiamiento complementario.

Lo que ha planteado el movimiento estudiantil es que el sistema de becas lo único que hace es apalancar una demanda direccionada al sector bancario, que presta recursos teniendo 100% de aval del estado, y esos intereses se capitalizan de acuerdo a la tasa que define el banco.

Para Frigolett es necesario unificar el arancel, e ir a un sistema de becas que sea en función del arancel. Por otra parte, afirma que en las universidades estatales los matriculados  solamente estarían financiando la docencia pero no así la  investigación, con lo que la investigación se desarrolla solamente en los ámbitos de interés del mercado.

En cuanto a la discusión presupuestaria, lo que se va a lograr “es un incremento de las becas, en relación a la cobertura vamos a ver en que quedará, y  un aumento bastante exiguo de  aportes directos a las universidades; en esencia, el sistema no va tener grandes cambios.  Indudablemente esto va a ser trasladado hacia el proceso eleccionario del próximo año”

El presupuesto de educación es el más alto en la lógica de los ministerios.  Pero esto siempre ha sido así, señala. El incremento inicial está basado en un presupuesto de mantención, no hay aumento de cobertura en la educación pre-escolar que había sido importante en los años anteriores, y el financiamiento de educación media y universitaria es de mantención.

“La respuesta frente al conflicto estudiantil fue ofrecer un fondo de 4 mil millones de dólares a ser ejecutados en cuatro años, y lo que está ofreciendo el gobierno son los mil millones que corresponde a la cuota del próximo año. No es más que eso”.

Todos los que han evaluado los recursos que se necesitan para hacer una reforma contundente en todos los estamentos de la educación, señalan que se requiere alrededor de 3.500 a 4 mil millones de dólares. Eso es lo que se requiere en términos de incremento del presupuesto anual, dice el economista. Pero, añade, se están ofreciendo mil millones, que además no tienen un respaldo de financiamiento permanente, sino que con cargo a este fondo, que se llama Fes, e -ironiza-  hay que tener fe que efectivamente con eso va a alcanzar.  La discusión sigue y seguramente vamos a terminar con un esquema muy similar a la que fue la discusión del Royalty

“Vamos a tener un presupuesto que no va a incorporar más que los mil millones y toda la discusión de la reforma tributaria se va a hacer ‘por fuera’. Y como la partida de educación fue rechazada, ahora todo el debate se va a concentrar en educación, cuáles van a ser los recursos adicionales que va a introducir el Ejecutivo para cerrar el tema del presupuesto, y el tema tributario va a ser de discusión legislativa posterior”, concluyó Frigolett.