El proyecto de ley de concesiones eléctricas estaba entrampado en el Parlamento, pero el Gobierno, a través del ministro de Energía, Jorge Bunster, le suprimió dos artículos que eran motivo de gran discrepancia política, y que por lo mismo significaban un riesgo de rechazo completo a esta iniciativa.

Uno de los artículos sacados es el derecho a consulta indígena que entrega el Convenio 169 de la OIT, que el Gobierno quería limitar para después de que se entregara una concesión y antes de la construcción de un proyecto, y que grupos ambientalistas e indígenas querían ampliar para que se consultara antes de que se entregara la concesión. El otro artículo borrado es el que se refería a concesiones y cableados eléctricos al interior de áreas silvestres protegidas. Sin esos artículos, y luego que la iniciativa pasara por una comisión mixta, se abrió el paso para que se aprobara en la Cámara de Diputados.

Luego, el proyecto legal pasó al Senado y fue despachado.  En esa instancia, el senador de Renovación Nacional por la región de Aysén, Antonio Horvath, manifestó su rechazo al texto legal, porque en su opinión no busca compatibilizar el desarrollo armónico con otros usos del territorio, y anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional para impugnarlo.

“Yo en esta materia me voy a oponer al proyecto, porque creo que claramente atropella otros derechos de personas aledañas a las posibles líneas de transmisión, aparte de las áreas silvestres protegidas y los pueblos originarios, otro tipo de proyectos que son incompatibles, como lo son por ejemplo los proyectos turísticos. Nadie va a poder desarrollar un área turística con infraestructuras si abre la ventana y ve líneas de transmisión. Entonces eso hay que corregirlo y la única vía que nos va quedando es el Tribunal Constitucional”, explicó.

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