En los próximos meses, tendremos ocasión de presenciar el desarrollo de un caso inédito en nuestro país. Se trata del enjuiciamiento de 19 comuneros mapuche donde, la fiscal Regional del Bío Bío Ximena Hassi Thumala (en la fotografía), intentará demostrar la participación en diversos delitos bajo la figura de Asociación ilícita terrorista, hechos ocurridos en octubre de 2008 en Puerto Choque, cerca de Tirúa en la VIII Región, lugar donde un grupo mapuche ofreció resistencia a las incursiones de fuerzas especiales encabezadas por el fiscal Mario Elgueta, sin víctimas que lamentar.
Las penas que pidió la fiscalía para este grupo van desde 102 años para uno, 70 para otros, 60, 45 y 30 años. Para demostrar la culpabilidad de los imputados la fiscal presentará 36 testigos sin rostro y 198 testigos presenciales, de ellos más de 100 son funcionarios policiales, lo cual ha sido interpretado como una clara señal de falta de evidencias y bajos estándares de prueba, ya que el Ministerio Público buscaría impresionar al Tribunal de Cañete con un desfile de testigos y peritos, con enormes expedientes más que evidencias condenatorias, justificando de esta forma los dos años de investigación y los millonarios recursos gastados en la denominada “Operación Bío Bío”.
Esta estrategia se amplía y extiende a la mayoría de los juicios en desarrollo contra comuneros mapuche en la Araucanía, ya que la figura de asociación ilícita terrorista entrega al Ministerio Público, antes de comprobarse la inocencia o culpabilidad del imputado, el privilegio de mantener en secreto la investigación, a mantener en prisión preventiva a su acusado hasta dos años, el uso de testigos sin rostro y una serie de excesos que restringen los derechos del imputado y afectan su legítima defensa. Esta aberración jurídica, nos lleva al absurdo que usted, por ejemplo, podría ser acusado por robo, homicidio frustrado y atentado a un fiscal, por el solo hecho de encontrarlo en actitud sospechosa con una gallina bajo el brazo. Esta acusación será investigada bajo el marco de la Ley Antiterrorista, y la fiscalía hilvanará una serie de presunciones y hará desfilar por algún Tribunal a un grupo de funcionarios policiales y testigos sin rostro, declarando al unísono haberle escuchado decir, que con el producto de la venta de la gallina robada usted compraría una escopeta con la que cometería el atentado. Si se acompañan algunos peritajes de huellas, telefónicos y planimétricos, incluso se podrá vincular a algunos amigos suyos y configurar una asociación ilícita con gallina incluida. Ni hablar si detrás de este caso está la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), porque usted y sus amigos, podrían aparecer asociados a grupos de extrema izquierda y al terrorismo internacional.
Cabe reconocer, que en muchos casos han sido los jueces quienes han corregido estos desmanes, como en el caso del juicio reciente en contra de Elena Varela, de Kenny Sánchez y Sergio Reyes quienes quedaron en libertad luego de dos años de prisión, por orden del Tribunal de Villarrica por falta de pruebas condenatorias.