La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que Chile vulneró los derechos de la jueza Karen Atala Riffo, quien perdió la tuición de sus tres hijas por decisión de la Corte Suprema, en mayo de 2004, debido a su orientación sexual y por vivir con su pareja la historiadora Emma de Ramon.
Junto con ello, la instancia hizo recomendaciones al Estado chileno en orden a reparar el daño causado a la familia y a evitar la ocurrencia de situaciones similares en el futuro.
En su informe final, del 18 de diciembre de 2009, la comisión recomienda a Chile “reparar integralmente” a Karen Atala por haberse vulnerado su “derecho a vivir libre de discriminación”.
Asimismo, el texto recomienda al Estado chileno “adoptar legislación, políticas públicas, programas y directivas para prohibir y erradicar la discriminación con base en la orientación sexual en todas las esferas del ejercicio del poder público, incluyendo la administración de justicia”.
Para la adopción y cumplimiento de estas medidas, la comisión dio un plazo de dos meses, a contar de diciembre último. No obstante, la Corte Suprema sólo recibió el 25 de marzo pasado un oficio del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde se detallaban las conclusiones de la CIDH en relación al caso Atala y se pedía al Poder Judicial informar al respecto. Una vez que Chile elabore la respuesta, la comisión determinará si abre un proceso en contra del Estado en la Corte Interamericana.
Reacción del gobierno
El gobierno adoptó como primera medida la creación de una mesa de trabajo intersectorial para analizar el tema, medida precisamente recomendada por el organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Dicha mesa, estará compuesta por El Consejo de Defensa del Estado, la Corte Suprema y parlamentarios, además de parte del equipo jurídico de la jueza, el Centro de Derechos Humanos de la UDP y la Corporación Humanas.
DECLARACION PÚBLICA DE KAREN ATALA
El año 2008, a través de la fundación “Las otras familias” la protagonista de esta historia rompió el silencio a través de la siguiente declaración:
"El 31 de Mayo de 2004, una sentencia dictada por la Excma. Corte Suprema de Chile, determinó revocar y dejar sin efecto dos fallos previos que me habían concedido la tuición definitiva de mis hijas, fallo dictado contra toda lógica procesal, dado que era un recurso de queja disciplinario y que entre otras cosas no oyó lo expresado por las menores, haciendo una interpretación del interés superior de las niñas, equivalente al riesgo de ser discriminadas eventualmente en su entorno social, por tener una familia constituida por dos mujeres que se aman entre si.
"Esta injusticia a mi condición de mujer, madre y lesbiana, que se repite en muchas otras madres lesbianas de nuestro querido país, me llevó a enfrentar la dolorosa decisión de denunciar al Estado de Chile, por la violación de los derechos humanos de mis hijas y los míos. La vulneración de los DDHH, el derecho a constituir familia y parentesco, al trabajo, a la salud, a la expresión pública de los afectos, a la identidad y dignidad de las personas lesbianas, homosexuales, transexuales y transgéneros es una situación que los chilenos vivimos a diario y que muchos silenciamos, al sabernos desprotegidos por nuestras leyes e institucionalidad y por la constante indiferencia de muchas autoridades políticas y parlamentarias.
"El proceso a nivel internacional ha sido largo, sobre todo medido en tiempos de las niñas, quienes en 5 años han debido crecer, vivir y madurar alejadas de mí, sin vuelta atrás. Esta es la razón de haber renunciado a nivel internacional a la petición original de revertir este injusto fallo. El tiempo perdido no se recupera en la vida de nadie, tampoco en la vida de tres niñas que deberán seguir creciendo en el prejuicio legitimado e institucionalizado por esta sentencia.
La denuncia interpuesta contra el Estado de Chile no hubiera sido posible, sin el desinteresado apoyo de muchas personas y organizaciones que estimaron que en un país como el nuestro, no se puede alcanzar una democracia plena, inclusiva y representativa, si a las personas se les margina de sus derechos civiles en razón de su orientación sexual.
Vaya mi agradecimiento para todas y todos ellos, en especial a Libertades Públicas AG, a la Corporación Humanas y al Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales.
"Sólo cuando el Estado de Chile, reconozca y sancione ante sus connacionales y ante la Comunidad Internacional que no existen ciudadanos de segunda clase ante sus leyes debido a su orientación sexual diversa, sino que todas y todos, somos iguales en dignidad y derechos y cuando discriminaciones odiosas como las que mi familia vivó no se repitan, entonces podremos decir que Chile es un país que quiere a toda su gente y yo sabré que mi dolor no fue en vano".
Karen Atala Riffo
Agosto 2008