Jorge Huenchullán: "Detención de fotógrafo italiano se debe a la persecución y hostigamiento hacia Temucuicui"

La detención del fotógrafo italiano, Massimo Falqui Massidda, que se produjo el pasado miércoles 03 de febrero en la comuna de Ercilla, cuando a eso de las 19:00 horas, fue interceptado por efectivos de fuerzas especiales de carabineros en la vía pública. “Eran cerca de las siete de la tarde, cuando mientras andaba en bicicleta por Ercilla, me detiene una camioneta de carabineros, de la cual bajaron una serie de policías. Allí me preguntaron por mi pasaporte y me preguntaron qué era lo que estaba haciendo en Chile”, relató el gráfico Massimo Falqui en conversación exclusiva con el Observatorio Ciudadano.
Falqui está radicado hace tres meses en la Región de la Araucanía, donde en misión para la Asociación Internacional de Derechos Humanos, entidad que cuenta con status consultivo en las Naciones Unidas y en el Consejo Europeo, ello en el marco de un trabajo de registro (muestra fotográfica) sobre la realidad del Pueblo Mapuche.
El ciudadano relató que luego de ser detenido fue trasladado por carabineros hasta la tenencia de esa ciudad, donde los efectivos policiales continuaron con el interrogatorio sobre sus vínculos con la familia Huenchullán, sobre el paradero de un menor que ha sido objeto de detenciones ilegales y lesiones por parte de carabineros, el que hoy tiene 14 años, y sobre el por qué de su permanencia en la Comunidad Autónoma de Temucuicui. Sin embargo, “cuando les pregunté por qué estaban haciendo esto, me dijeron que era un control normal que hacen a toda la gente que pasa por la vía pública”, indicó el fotógrafo.
Por su parte Jorge Huenchullán, werken de la comunidad Autónoma de Temucuicui, denunció que durante la detención del ciudadano italiano carabineros trató en todo momento de relacionarlo con algún tipo de hecho. Huenchullan, confirmó además que hace tres meses Massimo Falqui “está viviendo con nuestra familia, la policía ya lo conoce y saben que vive acá hace tiempo”, sostuvo. Por lo que la tesis de un control rutinario no tendría asidero.
Persecución y hostigamiento
Huenchullán asegura que la detención del fotógrafo italiano obedece a una clara persecución y hostigamiento hacía la Comunidad Autónoma de Temucuicui y sus familias. “Claramente aquí hay una persecución abierta, que se refleja a través de su detención, no puede ser que nuestra familia y las personas que se relacionan con ella, estén condicionada a estar dando explicaciones a cada momento a las policías”, por lo que está claro, denunció, que “carabineros estaba buscando algún indicio para justificar delitos y claramente procesarlo”.
“Para nosotros esto es grave y atenta contra todo tipo de libertades. Su detención es por vivir y compartir con una familia mapuche. Si él como italiano no estuviese viviendo acá, jamás lo habrían detenido ni interrogado”, aseguró Huenchullán, agregando que ha sido “muy grave la impresión que ha sufrido, porque nunca en su país ni en ningún otro lugar del mundo había sufrido una detención de esas características”, explicó.
Huenchullán hace un llamado también a poner atención con lo que acontece a aquellas personas que se han interiorizado sobre la violencia que se ejerce sobre las comunidades mapuche y sus familias, ya que cuando éstas realizan un trabajo de documentación para denunciar a nivel internacional la realidad que viven las comunidades mapuche en reivindicación territorial, también se les ha perseguido.
El propio reportero dio cuenta de la existencia de un férreo control respecto al ingreso de personas extranjeras a la región, con el fin de que no se sepa a nivel internacional cuál es la realidad que vive el pueblo mapuche en Chile. “Hay un control de parte del estado y los carabineros, ellos no quieren que vengan personas extranjeras a documentar y comprender esta realidad, porque después, al salir del país, van a decir qué es lo que está pasando aquí. Claramente este es un acto antidemocrático, no estoy haciendo nada malo, solamente vine a hacer mi trabajo”, finalizó.
En cuanto a su labor, Massimo Falqui aclaró que es “fotógrafo y estoy trabajando para desarrollar un documental y una exposición”. Por lo que “es un hostigamiento contra la libertad de expresión. No tienen porque pararme en Ercilla para hacerme preguntas de ese tipo si estoy haciendo mi trabajo de periodista aquí”, denunció.
Otros casos similares
Este no es el primer caso de extranjeros que son detenidos por las policías en el marco de trabajos de documentación sobre la realidad mapuche. Durante el 2008, otros dos casos tuvieron amplia cobertura por los medios de comunicación, siendo deportados los afectados.
El primero de ellos ocurrió en el mes de marzo, cuando los ciudadanos franceses Christopher Cyril Harrison y Joffrey Paul Rossj fueron detenidos y trasladados a la comisaría de Collipulli y luego a dependencia de la Policía de Investigaciones, tras acompañar a un dirigente de la comunidad Autónoma de Temucuicui -haciendo registro audiovisual- a su firma mensual, establecida como medida cautelar en el marco de una causa abierta en su contra, de la que posteriormente fue declarado absuelto. Los jóvenes, iban a ser deportados, pero la mediación de la embajada francesa y el hecho de que tenían pasaje de regreso a su país días más tarde, evitó la abusiva medida.
El otro caso, se produjo en mayo de ese mismo año, y afectó a los ciudadanos italianos Dario Ioseffi y Gabriele Giuseppe, quienes registraban una ocupación pacífica de un predio de Forestal Mininco reivindicado hace 17 años por comunidades mapuche de Galvarino. Los documentalistas se encontraban en ese momento realizando una entrevista al lonko de la comunidad y aunque presentaron un recurso ante los tribunales de justicia para apelar a la medida de expulsión, fueron igualmente deportado. Sus materiales, en tanto, no les fueron restituidos.
En ambos casos, la legislación invocada para expulsar a estos profesionales fue el artículo 26, Título I (Del ingreso al país, y De las Prohibiciones e Impedimentos de Ingreso), de las Normas de Extranjería, dictadas mediante Decreto Supremo N° 597 por Pinochet, el de junio de 1984. El referido artículo, utilizado en su momento para impedir el arribo de observadores internacionales a constatar las violaciones a los derechos humanos de la dictadura, señala textualmente:
26°.- Se prohíbe el ingreso al país a los siguientes extranjeros:
1. Los que propaguen o fomenten de palabra o por escrito o por cualquier otro medio, doctrinas que tiendan a destruir o alterar por la violencia, el orden social del país o su sistema de gobierno; los que estén sindicados o tengan reputación de ser agitadores o activistas de tales doctrinas y, en general, los que ejecuten hechos que las leyes chilenas califiquen de delito contra la seguridad exterior, la soberanía nacional, la seguridad interior o el orden público del país y los que realicen actos contrarios a los intereses de Chile o constituyan un peligro para el Estado;
Las recomendaciones del Consejo de DDHH no atendidas por el Estado
Lo irregular y violatorio de derechos humanos de estas situaciones, le fueron representadas al gobierno de Bachelet en mayo pasado, durante el primer Examen Periódico Universal al que fue sometido el Estado chileno en Ginebra por parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el que integra en calidad de vicepresidente.
En dicho examen, donde los estados informan sobre la situación general de los derechos humanos, en atención a los tratados internacionales de Naciones Unidas ratificados y vigentes en el respectivo país, se hicieron más de 70 recomendaciones al Esado chileno, cuatro de las cuales decidió postergar. Entre ellas, la que le pedía “Investigar exhaustivamente los presuntos casos de arresto y deportación de periodistas y cineastas que tratan los problemas de los mapuches”.
Durante el mes de septiembre, Chile entregó información adicional tras las recomendaciones recibidas, donde nada señala al respecto. Mientras que en la audiencia especial realizada para dicho efecto, el embajador Portales, representante permanente ante el organismo, simplemente señaló que “la libertad de expresión está garantizada en la constitución chilena, por lo que los periodistas y documentalistas gozan de todas las garantías y libertades para realizar su trabajo”.
Ante esta evasiva respuesta, en su informe final el Consejo de DDHH califica como una “posición no clara” la del Estado chileno sobre este punto. Así la sostenido frente a aquella recomendación que le pedía “Revisar la ley antiterrorista y su aplicación de modo que no pueda hacerse de ella un uso abusivo para perseguir a miembros de las comunidades indígenas, en particular la mapuche, por sus actividades pacíficas de carácter político o religioso”, que el gobierno también había postergado en el mes de mayo, tras ser sometido a este importante examen al grado de cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos a los que Chile se ha comprometido.
A la luz de esta nueva detención, el gobierno no solo continúa evadiendo su responsabilidad, sino que viola abiertamente derechos fundamentales a los que está obligado y que de acuerdo a la Constitución constituyen el límite a toda actuación del Estado.