En los años noventa volvió a repetirse el efecto de la globalización y la liberalización del comercio exterior, que llevó a una crisis de la agricultura. Los cultivos tradicionales para el mercado interno se redujeron en pocos años. Cuando se creía asegurado el autoabastecimiento alimenticio, las importaciones volvieron a crecer. En los años 1997 al 2002, las deudas de agricultores y campesinos aumentaron por los altos intereses fijados y la contracción del mercado interno, resueltos por el Banco Central y el gobierno. Las importaciones de alimentos a precios artificialmente bajos perjudicaron a los agricultores que producen para el consumo interno.

La gran masa de los trabajadores del campo no se benefició de los años de auge. Los puestos de trabajo disminuyeron. En los comienzos de los noventa los mejoramientos fueron mínimos, comparados con las ganancias de las compañías exportadoras. El ingreso promedio del trabajo en las zonas rurales era en el año 2000 inferior al de 1990. En las faenas agrícolas y forestales, los subcontratistas descuentan un 30% o más del salario que pagan los empresarios, sin garantizar seguridad en el transporte, ni el pago de las cotizaciones previsionales y de salud.

Por otro lado, la política del cobre, desde Pinochet a Bachelet, se rige por el Decreto Ley Piñera que transfiere el ejercicio de la propiedad de los recursos minerales, mediante la llamada "concesión plena". Chile perdió en diez años 4.538 millones de dólares adicionales al permitir que gran parte del mineral extraído se exporte en forma de concentrados y no de refinados. Por otra parte, durante los últimos diez años 43 empresas transnacionales de un total de 47, simuló "pérdidas" en sus balances, con el fin de no pagar impuestos. Un amplio sector de la opinión pública apoya el establecimiento de un royalty o regalía similar al que estas mismas compañías pagan a los estados donde tienen inversiones similares.

Durante los noventa, la deuda externa de Chile siguió aumentando. Al alcanzar la mitad del Producto Interno Bruto, la Deuda Externa vuelve a convertirse en el presente en una bomba de tiempo que puede estallar, ante una nueva crisis internacional. Un ejemplo es Enersis. Sin haber aportado un solo kilowatio , Enersis, acumuló una deuda de 12.000 millones de dólares, cifra equivalente a poco menos de un tercio del total de la Deuda de Chile.

Una expresión del dinamismo con que se expanden las multinacionales en Chile es el hecho que sus ventas han crecido más que el Producto Interno Bruto, más que las ventas de las empresas estatales y más que las empresas privadas. Si continúa la transnacionalización sin límites, al momento de celebrar los 200 años de la Independencia Nacional, la mayor parte de la economía estará controlada por las multinacionales. A fines del 2003, el valor acumulado de las inversiones extranjeras sumado a la deuda externa constituía un pasivo total de unos 85.000 millones de dólares. Como resultado de este proceso, los envíos al exterior de las rentas netas del capital transnacional se incrementan constantemente.

La globalización neo-liberal ha contribuido a una mayor concentración de los activos en pocas manos, no sólo del capital extranjero, sino también de los grandes empresarios chilenos. Unos 90 grupos financieros controlan la mayor parte de las grandes empresas. El 10% de la población más rica del país ha aumentado fuertemente su participación en el ingreso nacional en los últimos treinta años. En vez del "crecimiento con equidad" el resultado ha sido un "crecimiento con desigualdad".

El Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos profundizará la trasnacionalización de la economía chilena.

La inversión foránea directa, uno de los objetivos del Tratado, no es la única fuente de capital procedente del exterior. Economías que han experimentado un formidable desarrollo han recurrido muy poco a este tipo de inversión foránea, mas bien la han limitado estrictamente. En general, será preferible recurrir al crédito externo como complemento para financiar inversiones rentables de las empresas nacionales en vez de fomentar la instalación de las multinacionales. El Estado debe reservarse el derecho de aceptar o no el proyecto inversor, debe evaluar las ventajas concretas que representa y compararlo con sus costos y otras alternativas para el país.

En materia de recursos naturales, un dominio preferente de las inversiones extranjeras actuales, debe extenderse el principio constitucional de que los recursos naturales son de posesión plena del Estado, sin perjuicio de formas limitadas de concesión a privados.

Chile requiere de un Proyecto Nacional de Desarrollo. El PND nos debe instar a regular respetuosamente nuestro intercambio con la naturaleza. Esto implica reanudar la estrategia industrializadora, interrumpido hasta hoy, pero adaptado a las perspectivas del siglo XXI. Se deben caducar las concesiones onerosas, desarrollar un fuerte sector público, delimitar y garantizar el desarrollo de las distintas áreas de propiedad, estatal, regional, municipal, social, privada, mixta, de cooperativas y de trabajadores.

Esto significa una nueva estructura de ingresos, tributarios y otros que transfiera recursos desde los sectores minoritarios hacia los programas sociales y hacia la inversión productiva pública. Redistribuir es tarea políticamente difícil que será resistida por los afectados, por todos los medios. Por eso se requiere contar con apoyo de una amplia mayoría nacional. Se necesita un nuevo Estado que se haga respetar, con autoridad moral, pero nada autoritario y muy participativo, un poder transparente y sometido al control ciudadano.

Pero la soberanía no puede ser un camino solitario, al margen de nuestros vecinos y hermanos. Nuestros estados latinoamericanos en alianza con los del mundo en desarrollo, más el apoyo de los movimientos y gobiernos solidarios del primer mundo, pueden constituir una fuerza capaz de abrir paso a otro mundo posible, a una nueva vía hacia la integración mundial, pacífica, democrática y justa.